Reclaman que Macri y Gutiérrez cumplan con Ivana Rosales

Más de 30 organizaciones sumaron su voz al reclamo de Abril y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que los que los gobiernos nacional y provincial cumplan con los puntos acordados como parte de la demanda que inició en el 2005 Ivana Rosales contra el Estado Argentino ante la Corte Intermaericana de Derechos Humanos.

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Rosales se convirtió en una emblemática luchadora por los derechos de los mujeres luego de sobrevivir al intento de femicidio de quien era su pareja, Mario Garoglio. El agresor nunca cumplió la condena y abusó sexualmente de sus dos hijas. Una de ellas, Mayka, se suicidó y la otra, Abril, continúa la lucha de su mamá, quien falleció hace un año.

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Ivana estaba embarazada. Según la autopsia sufrió una muerte súbita. Tenía epilepsia producto de la golpiza que le había dado Garoglio. Sin que el agresor fuera sancionado y el Estado cumpla con sus deberes para erradicar la violencia de género, son cada vez más quienes se suman al reclamo. A continuación, compartimos la carta:

Sr. Mauricio Macri

Presidente de la Nación

Sr. Claudio Avruj

Secretario de Derechos Humanos de la Nación

Sra. Fabiana Tuñez

Directora del Instituto Nacional de las Mujeres

Sr. Omar Gutiérrez

Gobernador de Neuquén

Sra. Alicia Comelli

Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Neuquén

De nuestra consideración:

El 6 de septiembre se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Ivana Rosales, luego de un ataque de epilepsia secuela de la brutal golpiza que sufrió por parte de quien era su marido, Mario Edgardo Garoglio en el año 2002.

Cuando murió, el gobierno nacional lamentó públicamente su fallecimiento. El gobierno de Neuquén decretó duelo provincial.

En una sola noche, en el año 2002, Ivana sufrió dos intentos de femicidio y sobrevivió luego de una internación de 45 días. Garoglio, autor de esa brutal golpiza, fue a juicio. El fiscal del caso dijo que Ivana “no fue una buena madre ni una buena esposa” y pidió que se considere esa valoración discriminatoria e injusta como atenuante de la conducta del victimario. Con argumentos sexistas y discriminatorios, el Estado provincial le negó justicia a una víctima de violencia extrema. A esa vulneración de derechos se sumó también la violencia institucional por motivos de género, que se configura cuando funcionarios o personal del Estado retardan, obstaculizan o impiden que las mujeres ejerzan sus derechos o accedan a políticas públicas.

El caso de Ivana Rosales es paradigmático de la forma en que opera esa violencia: las mujeres no solo se encuentran más expuestas a las violencias por parte de parejas actuales y pasadas, sino que además enfrentan innumerables obstáculos para acceder a la reparación de sus derechos en un sistema de justicia que las revictimiza aplicando estereotipos de género.

Nueve años después de la sanción de la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres contra Todas las Formas de Violencia, su aplicación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista sigue siendo deficiente y las políticas para garantizar el acceso a la justicia siguen siendo sumamente deficitarias.

Se trata de una agenda central para los derechos humanos. Sin embargo, el Estado no provee datos confiables y rigurosos sobre la prevalencia y la incidencia de las violencias que enfrentan las mujeres en sus relaciones de parejas actuales y pasadas, faltando a su obligación de generar estadísticas que puedan orientar las políticas públicas. Los datos del Registro de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación da cuenta de un fenómeno que va en aumento, y que en muchos casos las medidas de protección e intervenciones del Poder Judicial han mostrado ser ineficaces para prevenir el desenlace más brutal y violento, que acaba con las vidas de las mujeres, jóvenes y adolescentes. Las denuncias por violencia institucional de las víctimas de violencia machista no son abordadas con acciones eficaces para prevenirla. El patrocinio jurídico gratuito para las denunciantes aún está pendiente de implementación y avanza de manera lenta y dispar.

Ivana debió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar justicia. Desde 2014 se inició en ese ámbito un diálogo con los Estados nacional y provincial, para arribar a una solución amistosa que pudiera brindar alguna reparación a los derechos que habían sido vulnerados. En 2017, dos meses antes de su muerte, Ivana se reunió con los representantes argentinos e integrantes de la CIDH en la ciudad de Lima, Perú. Allí, los Estados asumieron el compromiso de avanzar en la agenda de reparaciones solicitada por Ivana. Pero una vez más, el Estado falla y llega tarde cuando se le demandan respuestas para las víctimas de violencia machista. Incluso cuando para atender un fuerte reclamo social en torno del grave problema de femicidios y violencias machistas asumió compromisos a partir del caso de Ivana, de desarrollar políticas públicas para evitar la repetición de las sucesivas violencias que pueden atravesar las mujeres.

Las hijas de Ivana, Mayka y Abril, también sufrieron las consecuencias de este maltrato. Su hija Mayka se quitó la vida. Las reparaciones abordadas ante la CIDH, hasta ahora totalmente desatendidas, las incluyen.

Los colectivos de mujeres, lesbianas, travestis y trans reclaman en las calles lo que el Estado ya asumió como obligaciones. Es urgente avanzar y pasar de las declaraciones de voluntad a acciones concretas y eficientes para garantizar el cumplimiento de esos compromisos contra las violencias machistas.

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