El registro de condenados por violencia de género será ley

Laura Loncopan Berti

Neuquén será una de las pocas provincias del país que tendrá un Registro de Personas Condenadas por Violencia de Género. El proyecto ya cuenta con acuerdo político para convertirse en ley. Quienes figuren allí no podrán competir por cargos electivos provinciales y/o municipales, ni tampoco ser designados jueces o ejercer la docencia. Tanto la inscripción como la baja del listado se hará de oficio y/o por orden judicial, a petición de la parte o a solicitud de un fiscal.

Los bloques del Frente Grande y del Movimiento Popular Neuquino en la Legislatura son quienes impulsan la iniciativa y han elaborado una propuesta unificada. En la próxima reunión de la comisión de Desarrollo Humano y Social fue convocada Alicia Comelli, funcionaria a cargo de la subsecretaría de Derechos Humanos, que será autoridad de aplicación. De ahí el proyecto deberá pasar por Asuntos Constitucionales y Presupuesto antes de llegar al recinto.

Según el texto consensuado la norma alcanzará los procesos judiciales que estén bajo los supuestos de las leyes 2.785 y 2.786. Se incluirán en el registro a los condenados por delitos vinculados a situaciones de violencia de género, pero también a quienes hayan incumplido medidas cautelares (por ejemplo, una restricción de acercamiento) o tratamientos terapéuticos.

Las altas y bajas serán publicadas en el Boletín Oficial y además habrá un sitio web de acceso público con la nómina actualizada.

Mientras figuren en el listado las personas estarán inhabilitados para ser candidatas a cargos electivos provinciales y/o municipales. Al momento de ser prestadas las listas para su oficialización, los postulantes deberán presentar el certificado expedido por la subsecretaría de Derechos Humanos que acredita que no están en la nómina.

Tampoco podrán ser designados funcionarios de los tres poderes del Estado, organismos autárquicos, empresas públicas, ni obtener o renovar su licencia de conducir. Estarán inhibidos para ser proveedores o contratistas del Estado y recibir acuerdo legislativo en caso de ser aspirantes a ocupar el cargo de magistrado, fiscal, defensor o vocal del Tribunal Superior de Justicia. No podrán ser docentes e ingresar a las fuerzas de seguridad.

En el caso de los profesionales colegiados el juez interviniente, a pedido de parte, notificará la inscripción en el registro al Colegio respectivo.

Para tramitar la baja del listado la persona deberá acreditar que ha cumplido con el tratamiento terapéutico dispuesto.

La propuesta fija un plazo al poder Ejecutivo para su reglamentación, pero no asigna partida para su ejecución.

Este año la Legislatura aprobó la ley que crea un cuerpo de abogados para brindar patrocinio jurídico gratuito de las víctimas de violencia machista, que aún no se puso en marcha.

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