ANALISIS: Destino forzado

Extraña escenografía montó Diputados ayer. Desaforaba a un legislador que formalmente nunca ejerció como tal.

Patti no juró ni asumió (tampoco se lo hubieran permitido). La historia ha demostrado siempre que un diputado, al incorporarse, obtiene inmunidad parlamentaria y sólo un juez con un pedido bien fundado podría requerir que se le quiten esos fueros. Bajo ese criterio, si Patti no ha sido incorporado a la Cámara, entonces ésta carecía de autoridad para desaforarlo.

Pero ayer, el atajo jurídico de Diputados ha sido interpretar que Patti es «diputado electo» y desde ese momento goza de prerrogativas parlamentarias. Ergo, no necesitaría asumir.

Si así fuera, entonces el juez no hubiera podido encarcelarlo, ya que los fueros amparan especialmente la libertad ambulatoria.

Desde el momento en que 400.000 voluntades determinaron que Patti debía ser legislador, se activaron desde el gobierno mecanismos muy parecidos a un linchamiento político.

Primero se le impidió que asumiera y en su silla se lo puso a Dante Camaño, el suplente. Luego un juez se encargó de mandarlo a prisión sobre la base de testimonios que incriminaron al ex subcomisario en graves violaciones a derechos humanos. Parece elemental que se avance en la investigación de tan serios delitos.

Sería perfectamente natural que Patti estuviera entre rejas si la Justicia prueba las imputaciones en su contra. Pero la privación de la libertad ambulatoria ante la ausencia de juzgamiento, vulnera un derecho personalísimo y se justifica sólo en caso de que se tema fuga o entorpecimiento a la labor de la Justicia.

Además, en su interpretación restrictiva -que es la única posible-, los fueros protegen al Congreso pero no a los diputados en el plano personal, por lo tanto, aun asumiendo Patti podría ser indagado, procesado, juzgado y hasta condenado. Sólo si la condena fuera de cumplimiento efectivo, se requeriría el desafuero para privarlo de su libertad.

La Corte, con su fallo, ha buscado remediar el primer derecho negado: el que no se le permitiera asumir pese a la legitimidad de los votos. Determinó que Patti está en condiciones de jurar su banca legislativa nacional por la provincia de Buenos Aires. Así fue que la Cámara Federal de San Martín lo excarceló. Pero Diputados no acató la decisión de la Corte y sólo concedió el pedido de desafuero del juez Araujo, que mantenía preso al ex intendente de Escobar. Es decir: desconoció el veredicto popular y desobedeció al máximo tribunal del país. Es difícil encontrar precedentes de tamaña desautorización. La gran paradoja ha sido que la misma Cámara fue a la Corte por un recurso extraordinario.

Los cañones dirigidos a que Patti no jurara, que se le quitaran fueros -evaluándose no ya la idoneidad en su desenvolvimiento o las evidencias concretas sobre su pasado, sino una subjetiva «idoneidad moral»- y el empeño por mantenerlo en prisión a toda costa y sin condena, muestran un fuerte perfil ideológico; peligrosa referencia para las instituciones. Y permiten ver en el horizonte a un acusado sin mínimas chances de ejercer el derecho de defensa.