ANALISIS: Falsa opción

La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de enviar al Congreso un proyecto de ley sobre retenciones móviles es, en apariencia, una apertura en favor de que el tema sea debatido por el Poder del Estado que debe conciliar la diversidad de opiniones políticas y regionales.

Pero se trata de una opción falsa. Porque la forma en que ese proyecto fue redactado tiene falencias tanto de forma como de fondo. Unas y otras buscan, en realidad, evitar el debate y subordinar al Parlamento, utilizando a sus integrantes pero, a la vez, sin dejarlos ejercer su función.

En lo que respecta a la técnica jurídica, el proyecto presenta una falla conceptual determinante.

Es que la pirámide de jerarquía de las normas jurídicas federales tiene en la cúspide a la Constitución, le siguen ciertos convenios internacionales, luego las leyes y otros convenios, y en forma decreciente los decretos reglamentarios y resoluciones, que deben ajustarse a las leyes y a la Carta Magna.

Contrariamente, el proyecto impulsa que se ratifique por ley una resolución. Esto implica a todas luces una reversión del orden normativo, al pretender que normas de jerarquía más baja tengan privilegio por sobre otras superiores, determinándolas. Supone una intromisión inadmisible en la órbita de funcionamiento del Poder Legislativo.

Lo que corresponde es que, ejerciendo su derecho de iniciativa, el Ejecutivo presente un proyecto de ley, y que -en uso de sus facultades- los diputados y senadores lo analicen, modifiquen, aprueben o rechacen. Pretender que sólo puedan aprobarlo o rechazarlo implica imaginar un Poder Legislativo sin poder, subordinado al Ejecutivo, una estructura que no surge de la Constitución sino que la contradice.

Desde lo formal, el envío del proyecto al Congreso implica admitir que la Carta Magna reserva a ese Poder la decisión en materia impositiva y, por lo tanto, que no es operativo establecer las retenciones por resolución. Siendo así, de ningún modo puede pretender la presidenta que éstas sigan vigentes antes de que la ley quede aprobada, aun con sus fallas. Toda suma retenida en virtud de la resolución cuya validez el mismo Ejecutivo pone en duda con el proyecto para ratificarla sería entonces un pago sin causa, que podría ser reputado como nulo por los productores afectados. Por lo tanto, toda suma retenida hasta el momento por ese concepto debería ser devuelta de inmediato, a riesgo de generar un precedente de discrecionalidad y abuso del poder estatal.

ALICIA MILLER

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