Antipedagógico

Es llamativa la decisión del gobernador Miguel Saiz de pagar los salarios de enero a los docentes sin el aumento dispuesto por los propios funcionarios del Ejecutivo para ésa y otras áreas del Estado.

Llamativa por lo antidemocrática.

Sin duda resulta una penalización para el gremio docente, que se pronunció en el congreso extraordinario de Jacobacci señalando que el aumento le parecía insuficiente y facultó a la Comisión Directiva a elaborar una contrapropuesta.

Restarle beneficios a una institución gremial o a quienes integran su conducción por ser «díscolos» o poco afectos a concertar con el gobierno sería discutible pero, de algún modo, estaría dentro de las reglas de la «política».

No lo está, en cambio, mezquinarles dinero a las familias de los docentes -en las que éste es siempre un bien escaso- sólo porque en forma democrática y en ejercicio de su derecho de agremiarse, expresarse libremente y peticionar a las autoridades han considerado que el aumento asignado al sector no les resulta suficiente.

Lo que hace más evidente la ilegitimidad de la decisión oficial es que el gobierno que conduce Saiz le pagó el mismo aumento a la Policía y al personal de Salud sin siquiera preguntarles si éste los dejaba o no conformes.

En el caso de la Policía sería comprensible suponer que no se expresara por tratarse de una organización vertical no sindicalizada. Pero no así en Salud.

En definitiva, si las reglas internas dentro de un Estado se asemejaran a las que rigen en el «afuera», es decir en la actividad privada, los docentes rionegrinos encontrarían suficientes argumentos para demandar al Estado por su omisión y pedir que se lo intime en trámite judicial sumarísimo a que deje de discriminar a adultos y niños inocentes con la única intención de «disciplinar» a sus representantes legales, emulando el estilo prepedagógico que usaban los padres despóticos con sus hijos.

Tal vez lo que animó al gobierno a blandir el aumento como una zanahoria -que amenaza con alejarse del hocico del conejo por más que éste la corra- fue la certeza de que es escaso el margen de maniobra que tiene la Unter.

Y no porque le falte razón al reclamo de recomponer el salario docente, que todavía está muy por debajo de los sueldos mínimos del personal menos capacitado de la Justicia o la Legislatura. Lo que pone en aprietos al gremio es que, como la situación de los docentes no es tan trágica como lo era hace unos meses, una eventual convocatoria a un paro que buscara impedir el normal comienzo de clases encontraría resistencia entre quienes no quieren que los descuentos vuelvan a resentir sus ingresos apenas recuperados.

Nadie desmiente que la propuesta gubernamental tiene la virtud de acercar el sueldo de bolsillo del maestro debutante (que será de 680 pesos) al valor de la canasta básica alimentaria, que se ha fijado en 740 pesos. Su punto en contra es que «achata» en forma considerable la pirámide salarial docente.

La contrapropuesta de la Unter es mejorar un poco más, en forma relativa y gradual, a quienes tienen mayor antigüedad en la carrera.

En caso de ser aplicado, el esquema elaborado por la conducción representaría un aumento de la masa salarial docente de 16 millones de pesos al año. Y, si bien es considerada aún demasiado «tibia» por algunos sectores internos de la Unter, es sabido que la mayoría del gremio aceptaría incluso una mejora menor, que rondara en términos globales un monto adicional de 10 millones anuales. Si así fuera, le sumaría al gobierno un gasto de menos de un millón por mes, en momentos en que la administración acaba de reconocer que recauda mensualmente tres millones de pesos más de lo que había presupuestado.

La falta de una conducción política clara en Educación no ayuda a resolver el conflicto. Su trayectoria en gestiones anteriores convierte en poco amigos del gremio a los funcionarios Roberto Rulli y Nilo Fulvi, sobre quienes recae en estos momentos el área junto a la provisoria presidenta Lady Romero Fernández.

Tampoco parece que ayudaría a crear consenso gremial una eventual designación de Ana Goycoechea, por su vinculación con la educación privada. Así que podría darse el caso de que las clases comenzaran sin que se haya definido aún quién ocupará la presidencia del Consejo Provincial de Educación.

 

Frente interno

 

Claro que el salarial de Educación no es el único problema que debe enfrentar por estos días el gobernador Saiz: su parsimonia habitual se ha visto alterada por el pronunciamiento del vicegobernador Mario De Rege, del influyente legislador y ex ministro José Luis Rodríguez y de tres intendentes -entre los cuales se cuenta Alberto Icare, de Bariloche, la ciudad con más habitantes en toda la provincia.

En el texto aseguran que han esperado un año pero no ven cumplidas las expectativas de cambio de los votantes. Aunque resulta evidente que, más que una preocupación solidaria con los rionegrinos, los mueve la sensación de que están siendo dejados de lado por un sector hegemónico dentro del gobierno, al que acusan de no actuar tan democráticamente como pregona.

Como ninguna de las personas que firman el documento ocupa cargos de responsabilidad ejecutiva, no puede hablarse de una fractura en el gobierno como tal. Más bien, la cuestión parece un posicionamiento que apunta a fijar y fortalecer posiciones con vistas a las elecciones parlamentarias de este año. Si bien se han cuidado de no dar nombres, todo parece indicar que las críticas apuntan al ex vicegobernador Bautista Mendioroz, al ministro de Gobierno Iván Lázzeri -al frente de las gestiones para la reforma política- y a Daniel Sartor. Y no se descarta que los «rebeldes» busquen como eventual aliado al Encuentro de Arriaga, que acaba de distanciarse de un peronismo que se le mostraba esquivo.

Un oficialismo nuevo surgirá en este 2005, diferente -aunque es apresurado decir si mejor- de aquel caracterizado por «veranistas» y «antiveranistas» que rigió durante ocho años y se fue diluyendo durante el 2004.

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar


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