Anulan contrato con francesa que controlaba el espacio radioeléctrico

Se trata de un servicio clave y no lo reprivatizarán.

El Gobierno anuló finalmente el contrato con la empresa francesa Thales Spectrum, que tenía a su cargo el control del espacio radioeléctrico argentino, y no reprivatizará el servicio. La acción implica volver a controlar la telefonía celular, las ondas de televisión, de radios de AM y FM y los radiollamados, básicamente.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Infraestructura, Julio De Vido dejaron en claro que la medida es un mensaje directo para las concesionarias de servicios públicos privatizados que se encuentran en un duro enfrentamiento con el gobierno por las tarifas y las inversiones.

Los funcionario afirmaron que la medida debe ser tomada como una exigencia del Estado para el «cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales» de las privatizadas.

Este es el segundo contrato de concesión de servicio que el Gobierno rompe por incumplimiento. El primero fue el del Correo, que estaba a cargo del grupo Macri, y que se encuentra bajo una intervención a la espera de una nueva privatización. Sin embargo, no será el caso del espacio radioeléctrico, que quedará bajo control estatal.

«Es un servicio que es indelegable y no ha dado buenos resultados la idea de la privatización», afirmó Alberto Fernández en conferencia de prensa. Los funcionarios calcularon que el perjuicio al Estado por el incumplimiento del contrato de Thales Spectrum ronda los 300 millones de pesos.

Entre los motivos para anular el contrato, el ministro De Vido destacó la «falta de sincronicidad operativa» con la que se manejó la empresa francesa. La firma que controlaba el espacio radioeléctrico tuvo una «recaudación que excede la tasa de rentabilidad» promedio de las empresas de servicios públicos en Argentina, sostuvo.

Además, sobre la empresa pesan otras sospechas. La Oficina Anticorrupción investiga si hubo pago de coimas en la adjudicación del servicio, en 1997, durante la gestión menemista.

La denuncia sobre este presunto pago de sobornos estalló en Francia en octubre pa

sado, cuando la revista francesa Le Point sostuvo que a cambio de quedarse con el contrato de concesión, Thales Spectrum habría girado 25 millones de dólares a cuentas bancarias de Nueva York, Uruguay y de paraísos fiscales, que habrían pertenecido a funcionarios argentinos.

El contrato con Thales Spectrum se firmó por 15 años y le permitió a la empresa, además de ejercer el control para evitar la «piratería» radioeléctrica, cobrar cánones por el uso del espacio que emplea la telefonía celular, los canales de TV, las radios AM y FM y los radiollamados, entre otros usuarios.

La licitación fue encarada por el entonces secretario de Comunicaciones, el liberal menemista Germán Kammerath. Ante el rechazo de la oferta del único competidor, la concesión fue adjudicada a Thomsom, hoy Thales Spectrum Argentina.

La rescisión del contrato con Thales Spectrum generó inquietud en el resto de las privatizadas. Y ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández, advirtió que el Gobierno piensa mantener la guardia alta en esta larga puja.

«Si las empresas no cumplieron con el contrato, deben sentir preocupación», afirmó.

(DyN y AFP)

Duro informe de la auditoría y falta de control

La empresa Thales obtuvo rentabilidades superiores al 100% anual entre 1997 y 2001, a pesar de no haber presentado un adecuado control del espectro radioeléctrico, en tanto la Comisión de Seguimiento derivó a la tarea de control a solo una persona a tiempo completo, que en el lapso mencionado destinó a tal fin menos de dos días por mes.

Así lo señaló la Auditoría General de la Nación (AGN) en un informe considerado por el gobierno para la rescisión del contrato de Thales. Además la Auditoría cargó contra la Comisión de Comunicaciones (CNC) y la Comisión de Seguimiento (Comsegui) porque actuaron «cuanto menos negligentemente».

Entre las irregularidades observadas por la AGN, se destacan:

• A juzgar por la auditoría realizada en la Comisión Nacional de Comunicaciones se desprende que ni el organismo de control, ni la comisión especial creada para el seguimiento del contrato, ni la propia empresa cumplieron con lo estipulado.

• En consecuencia «el beneficio neto social a favor del Estado Nacional y del público en general ha sido significativamente menor al previsto» mientras que la empresa logró «ganancias por sobre lo normal».

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