Apelaron a la Corte por Campana Mahuida
El gobierno provincial busca que se revoque medida cautelar del TSJ
NEUQUÉN (AN).- El gobierno provincial, a través de la Fiscalía de Estado y la Corporación Minera del Neuquén (Cormine), apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que suspendió todas las actuaciones relacionadas al proyecto minero de Campana Mahuida.
En un comunicado de prensa de Cormine se informó que «el fundamento del recurso radica en que el TSJ se atribuyó competencias propias de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Tanto la Fiscalía como la empresa minera provincial consideran que se violó la garantía, reconocida por distintos tratados internacionales, de la doble instancia, esto es, que todos tienen derecho a apelar las resoluciones judiciales en una instancia revisora, algo que por la manera de decidir del TSJ, en este caso no se permitió».
La medida del TSJ se conoció un par de días antes de la audiencia pública que se había convocado en Loncopué para que las representaciones del lugar se expresaran respecto del proyecto.
La audiencia había planteado un debate acerca del apoyo o el rechazo al inicio de las tareas. Los que se oponen esgrimen el riesgo de contaminación ambiental que supone este emprendimiento y reclaman que previamente se hagan los estudios respectivos. El TSJ suspendió las actuaciones en torno de la mina, ante un planteo de la comunidad mapuche Mellao Morales.
Esa decisión incluyó dejar sin efecto la citada audiencia, que se iba a ser en la localidad el 30 de septiembre pasado.
En el recurso elevado a la CSJ la Fiscalía de Estado y Cormine también plantearon una recusación contra el presidente del TSJ, Oscar Massei, para que sea apartado del caso.
Se argumentó que el juez «no es imparcial y ha beneficiado a una de las partes, incluso violando las normas sobre ética de los magistrados, al margen de haber prejuzgado al opinar públicamente que los funcionarios del gobierno en el área minera se equivocaron porque debieron hacer la consulta a la comunidad mapuche de manera previa al contrato».
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