Apocalipsis ayer

Apocalipsis sólo quiere decir «revelación» o «descubrimiento». Adquirió las resonancias terroríficas que lo caracterizarían porque lo que vio San Juan fue el fin del mundo. Así, pues, calificar de «apocalipsis» al Proceso militar que se inició el 24 de marzo de 1976 puede justificarse porque, además de resultar horrible para muchos, la dictadura sirvió para abrir un sello y permitir familiarizarnos con algunas de las fuerzas oscuras que estaban agitándose debajo de la superficie de la sociedad argentina. No es que éstas fueran peores o más malignas que sus equivalentes de otras partes del mundo. Es factible que fueran relativamente inocuas. Es que las instituciones que deberían mantenerlas a raya eran precarias y las defensas de muchos individuos contra las tentaciones que planteaban sumamente débiles. ¿Son más confiables ahora? Gracias en buena medida al Proceso, el que entre otras cosas vacunó a muchos contra el autoritarismo, lo son, pero a juzgar por el estado de la economía y por la proliferación de la delincuencia, también son más fuertes los desafíos, de suerte de que no hay ninguna garantía de que las instituciones y el apego de la ciudadanía a ciertos valores éticos resulten capaces de impedir una recaída en la barbarie en los próximos años.

Por supuesto, mucho ha cambiado. Hace un cuarto de siglo, el país aguardaba el golpe militar que se produciría un par de días después con la misma ecuanimidad con que se hubiera preparado para la llegada de un nuevo gobierno civil. En aquel entonces, las dictaduras castrenses eran el mal conocido y por lo tanto un remedio presuntamente indoloro para la angustia que provocaba la mezcla de endeblez y agresividad del régimen putrefacto de la desafortunada Isabel Perón, ama de casa que, como consecuencia de un alarde realmente extraordinario de irresponsabilidad ciudadana, había heredado el trabajo de su marido recién fallecido. «Los políticos», totalmente desbordados por la crisis que ellos mismos habían hecho tanto por confeccionar, esperaban el desenlace previsto con resignación, sin manifestar demasiados síntomas de inquietud: seguirían cobrando sus emolumentos y, de todos modos, los militares fracasarían también. En cuanto a los Montoneros y los combatientes del ERP, compartían el optimismo tibio de los demás, si bien por motivos bastante distintos: calculaban que los militares reprimirían con tanta brutalidad que el «pueblo», harto de su arbitrariedad, los abrazaría como salvadores.

El país, pues, se internó despreocupadamente en lo que sería recordado como la peor etapa de toda su historia, aunque debió haberle sido evidente que las semillas de lo que pronto ocurriría ya habían sido sembradas. Al apostar a la violencia, los terroristas y los muchos que simpatizaban con ellos o que por motivos políticos los «comprendían», lo mismo que los matones sindicales y los asesinos de la Triple-A que fue organizada por un sector del gobierno de Isabel, aseguraron que el porvenir sería el resultado de una lucha despiadada entre bandas armadas y que la más mortífera, la conformada por los militares, terminaría imponiendo su ley. Para sorpresa de pocos, los militares no tardaron en hacerlo. Confiados en que el grueso de los civiles continuaría respaldándolos con la misma firmeza que tantos dirigentes políticos y empresarios mostraban a comienzos de 1976, pusieron en marcha un plan «antisubversivo» basado en el empleado por los franceses en Argelia, pasando por alto el hecho de que los galos siempre habían contado con la opción de irse, pero que ellos mismos tendrían que quedarse. A su manera, la estrategia elegida funcionó muy bien – los militares eliminaron de cuajo al terrorismo «de izquierda», faena que no han podido hacer ni los británicos ni los españoles luego de más de treinta años de esfuerzos-, pero lo hicieron a un costo político, humano y moral muy pero muy alto. Para las generaciones futuras, el rasgo principal del Proceso sería su salvajismo.

Aunque no cabe duda de que todos los partícipes en las violaciones de los derechos humanos merecen penas severísimas, es legítimo preguntarnos si a la luz del estado del país hace 25 años cualquier otra «solución» hubiera sido factible. Si bien a los militares les gustaba creerse representantes de una casta especial y por lo tanto libres de las muchas enfermedades nacionales que denunciaban, la verdad es que eran productos típicos y previsibles de la Argentina de su tiempo. Lo mismo que muchos otros, creían que un país «en guerra» no podía darse el lujo de respetar los «derechos burgueses». Tampoco poseían la preparación profesional necesaria para llevar a cabo con éxito la tarea dificilísima de desactivar el terrorismo en gran escala recurriendo sólo al mínimo imprescindible de violencia y sin traspasar nunca los límites fijados por la ley. Lo que para muchos constituía una ventaja, sería la causa de la debacle que finalmente se dio: a diferencia de los militares o policías británicos y españoles actuales, los militares del Proceso no tenían que operar en un contexto dominado por políticos representativos y por una opinión pública hipersensible. Por el contrario, dirigentes peronistas, radicales y conservadores, empresarios y sindicalistas, además de los periodistas a cargo de los medios de comunicación más prestigiosos, habían decidido que se trataba de un «problema militar» con la ligereza con la cual hoy en día entregan el Ministerio de Economía a una fundación privada por entender que ellos mismos no tenían nada útil para aportar al asunto. Claro, hubo otros factores también – la fuerte influencia de ideologías neofascistas o clericalistas inspiradas en el «nacionalismo católico» y la truculenta tradición española, la politización y, su acompañante constante, la corrupción-, pero incluso si en 1976 los jefes de las fuerzas armadas hubieran sido idénticos a sus homólogos suecos, la falta de control político y los mensajes enviados por una sociedad civil temerosa hubieran llevado la dictadura al desastre que en efecto se concretó.

De todos modos, el fracaso abismal del Proceso se debió menos a la «metodología» antisubversiva que empleó, que a su incapacidad para poner fin a una crisis económica desesperante. Cuando José Alfredo Martínez de Hoz anunció su programa en un discurso maratónico poco después de asumir como «superministro», muchos, acaso la mayoría, lo encontraron muy sensato. Detalle más, detalle menos, se asemejó a los planteos que harían tres lustros después Domingo Cavallo y, últimamente, Ricardo López Murphy: era, se comentaba, «liberal», aperturista, en favor de la empresa privada y del equilibrio fiscal. Sin embargo, en la segunda mitad de la década de los setenta el mundo era menos exigente que su avatar «globalizado» y los «mercados» reaccionaban con más paciencia que en la actualidad, razón por la cual a pesar de la gravedad de la coyuntura la política económica de la dictadura era «gradualista», lo cual significaba que tanto los comprometidos con esquemas corporativos o colectivos como los defensores de intereses creados tendrían el tiempo suficiente como para desbaratarlo. Para colmo, el «partido militar» se asemejaba mucho a la Alianza en el sentido de que caciques militares desdeñosos de un presidente a su juicio vacilante podrían aceptar la tesis de que los cambios esbozados por el ministro eran deseables, pero insistían en que nada los haría cohonestar las medidas necesarias para concretarlos. Y, lo mismo que en la Alianza, el jefe más «carismático» del régimen, el almirante Emilio Massera, no dejaría pasar las oportunidades para pronunciarse asqueado por el capitalismo moderno que «su» gobierno trataba de estimular.

Durante los tres primeros años del Proceso, pocos «políticos civiles» se interesaron por los derechos humanos. Luego de algunos meses de silencio, distintas agrupaciones de «ciudadanos preocupados» se pusieron a denunciar la iniquidad de la filosofía económica de la dictadura con las mismas palabras que, veinticinco años más tarde, tantos radicales, peronistas y frepasistas están usando para criticar al gobierno de Fernando de la Rúa, pero su vehemencia locuaz en este ámbito contrastó penosamente con la cautela de casi todos, salvo Raúl Alfonsín en el otro hasta que, ya concluida la guerra de las Malvinas, se dieron cuenta de que los derechos humanos era el tema fundamental de nuestra época.