Aprobaron el reintegro del IVA para jubilados y quienes reciben planes

La medida alcanza a 9,2 millones de personas. Las provincias deberán cargar con parte del costo fiscal. Y ya se advierte sobre la posibilidad de un conflicto.





Por unanimidad, el Senado convirtió ayer en ley el proyecto impulsado por el Ejecutivo que establece la devolución de una parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en sus compras con tarjeta en comercios minoristas. La medida, según cálculos del oficialismo, tendrá un costo fiscal que rondará los 22.000 millones de pesos al año, de los cuales, a pesar de las críticas de varios senadores de la oposición, casi de la mitad tendrán que hacerse cargo las provincias, ya que el IVA es un impuesto coparticipable. El gobierno había negociado este tema con los mandatarios provinciales desde el comienzo del debate.

El proyecto fue aprobado por con 61 votos, en una sesión comparativamente corta y sin cambios respecto a como salió de Diputados el mes pasado.

La ley establece el reintegro de 15% del total de las compras hechas con las tarjetas de débito o crédito, con las que los beneficiarios perciben sus haberes.

Habrá un tope mensual de $300, que equivale, a su vez, al 15% del valor estimado de una canasta básica alimentaria, que será ajustado en base a la evolución del Indice de Precios al Consumidor, elaborado por el Indec, que comenzaría a difundirse la próxima semana.

Durante el debate, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina (FpV), sostuvo que el número de beneficiarios, entre quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, pensiones nacionales y jubilaciones será de unos 9,2 millones.

Mientras el gobierno calculaba un costo fiscal de alrededor de $22.000 millones anuales cuando lanzó el proyecto, el mismo Abal Medina estimó que será de 30.000 millones.

Una de los principales pedidos de los senadores de la oposición, entre ellos el jefe del bloque del FpV, Miguel Pichetto, y Adolfo Rodríguez Saá (Interbloque Federal), fue que el costo sea absorbido totalmente por la Nación y no en parte por las provincias. “Puede ser motivo de controversia judicial”, dijo Pichetto. Un colaborador del senador simplificó: “Podría haber amparos”.

“Se negoció desde el vamos con los gobernadores”, aseguró una fuente del Ejecutivo. Pichetto estaría controlando a su bloque. El gobierno sabe que si los gobernadores no hacen cuestionamientos, no será un tema que genere conflicto.

Sin ir más lejos, en Río Negro, aunque cerca del gobernador negaron que hubiera habido negociaciones, ya habían estimado el costo de la nueva ley, que en la provincia será, en principio, una reducción $180 millones en lo calculado por coparticipación este año.

“ Estaba estimado. El gobernador ya había hablado de esto. Estamos de acuerdo con la iniciativa y se acepta que hay un costo fiscal al que hay que hacer frente”, dijo a este diario el secretario de Hacienda de la provincia, Eduardo Bacci.

El gobierno festejó la sanción de la ley, la primera de corte social, en un contexto de semanas de tensión por el aumento de tarifas.

Para que los beneficiarios reciban el descuento, deberán realizar necesariamente sus compras con tarjeta. Una de las críticas al proyecto fue que gran cantidad de comercios, fundamentalmente los pequeños, no cuentan con el servicio posnet. La ley apunta a que se les subsidien a los comercios los costos del posnet, para que no tengan que pagar una comisión del 1,5 por ciento del total de sus operaciones.

Tal como quedó redactado el texto, se verían beneficiados los hipermercados, pero el Ejecutivo estaría dispuesto a pulir la ley en su reglamentación y excluir a los grandes comercios. Asimismo, los habitantes de pueblos de menos de 5.000 personas, fueron exceptuados de la condición de tener que pagar con tarjeta.

Qué dice el proyecto

Se reintegrará el 15% del IVA en las compras realizadas con tarjeta de débito y crédito.

El tope mensual será de $300

Los beneficiarios serán jubilados, pensionados y quienes cobren la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. Se trata de 9,2 millones de argentinos.

Su implementación supone un costo fiscal de entre $22.000 y $30.000 millones, que serán repartidos entre Nación y las provincias.

El dato

La ley apunta a que se les subsidien a los comercios los costos del posnet, para que no tengan que pagar una comisión del 1,5% del total de sus operaciones.

Datos

22.000
millones de pesos estima el gobierno el costo fiscal de la medida. Para la oposición, será de $30.000 millones.
La ley apunta a que se les subsidien a los comercios los costos del posnet, para que no tengan que pagar una comisión del 1,5% del total de sus operaciones.

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