Aprobaron la ley contra el lavado de dinero

Buenos Aires.- La Cámara de Diputados aprobó ayer con más del 66% de los votos una ley contra el lavado de dinero procedente de actividades ilegales como el narcotráfico y llenó así un vacío legal que complicaba la acción de los jueces.

La sanción de una ley específica contra el lavado de dinero era reclamada al Parlamento por autoridades de los organismos oficiales estadounidenses que luchan contra el tráfico de drogas ilegales y también por el Gobierno de Fernando de la Rúa.

De este modo la Argentina se suma a los países que cuentan con una legislación severa para combatir con eficacia el delito de lavado de dinero.

Los desacuerdos entre los partidos políticos mayoritarios demoraron durante años la sanción de la ley, que entró en un laberinto de comisiones y despachos parlamentarios en los que sufrió múltiples modificaciones.

Esta ley había sido aprobada meses atrás por la Cámara de Diputados, pero tuvo que volver a ese ámbito parlamentario después de que los senadores le hicieran cambios a la iniciativa.

Una de las principales innovaciones al proyecto original de la ley es la creación de una Unidad de Información Financiera (UIF), la cual funcionará en la órbita del Ministerio de Justicia, que deberá detectar e investigar casos sospechosos de lavado de dinero para hacer las denuncias que correspondan en los tribunales.

Esta unidad estará formada por once miembros que gozarán de cierta autarquía, entre ellos representantes del Banco Central, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la Comisión Nacional de Valores, los ministerios de Economía y Justicia y de la Secretaría de Lucha contra las Drogas. También habrá cinco expertos en finanzas que serán designados en concurso público.

La ley considera el delito de lavado de dinero como doloso cuando el acusado «convierta, transfiera, administre o venda dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la «consecuencia posible» de que los bienes adquieran la apariencia de un origen lícito.

Las penas

Para ese delito, estipula la aplicación de penas de prisión de dos a diez años y multas dos y diez veces superiores al monto de la operación concretada.

Los diputados también cambiaron un artículo modificado por los senadores por considerar que, tal como había quedado, los jueces se podían topar con dificultades para investigar posibles encubrimientos en los casos en que el delito original se haya cometido fuera del país.

Los diputados mantuvieron sus diferencias de criterios hasta el momento de votar la ley, pero respetaron un acuerdo anterior por el que se comprometieron a sancionar hoy el mejor texto legal con el consenso de los dos tercios de sus integrantes, lo cual permitió la aprobación definitiva de la norma.

Los senadores de la Alianza respiraron tranquilos cuando en la otra ala del Congreso la Cámara de Diputados sancionó la ley que penaliza el lavado de dinero y mantuvo el artículo que sitúa a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Los senadores aliancistas, particularmente el titular provisional de la Cámara alta, José Genoud, manifestaron su «conformidad» con el dictamen que aprobaron los diputados y con el hecho de que no hayan prosperado los planteos que promovían la autarquía plena de la (UIF), comentaron fuentes parlamentarias.

La diputada radical chaqueña Elisa Carrió fue quien enarboló ese reclamo en la Cámara baja, pero no pudo sellar un acuerdo que pudiera ser votado con una mayoría especial de dos tercios, como era necesario para torcer la voluntad del Senado.Fuentes indicaron que la bancada de la Alianza en el Senado celebra que haya quedado en firme su dictamen en este aspecto medular del proyecto y también porque de esta manera se asegura una «composición mayoritaria» del oficialismo en el seno de la UIF.

La diputada Elisa Carrió sigue «defendiendo la necesidad de la autarquía plena de la UIF, pero el justicilismo no nos acompaña, pero de todas maneras lo importante es que tenemos la ley.»

La UIF es el poderoso organismo de control creado por la ley para vigilar la circulación y el blanqueo de dinero proveniente de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la prostitución y el contrabando de armas. (EFE)