Aprueban ayuda a Irlanda por 85.000 millones de euros
Los ministros de Economía de los “Veintisiete” aprobaron ayer por unanimidad el plan de ayuda a Irlanda, que habían solicitado las autoridades de Dublín día atrás. La suma total del fondo ascenderá a 85.000 millones de euros, aunque 17.500 millones serán financiados por la propia Irlanda con una reserva que el Tesoro tenía disponible. Los ministros aprobaron también las bases para establecer un mecanismo permanente de crisis a partir de junio de 2011. En el nuevo mecanismo la participación del sector privado en las posibles pérdidas sólo se producirá en última instancia, tal como habían exigido el presidente del BCE, Jean Claude Trichet y algunos países como España. Los 85.000 millones se distribuirán de la siguiente forma: 10.000 millones para la inmediata recapitalización de los bancos y 25.000 millones para posibles contingencias en el apoyo de sector bancario. Los 50.000 millones restantes se destinarán a solventar las necesidades de financiación presupuestaria. El total de ayuda exterior (67.500 millones) procederá en dos terceras partes de Europa (45.000) y una tercera parte (22.500) del Fondo Monetario Internacional. Los préstamos se concederán por un plazo de siete años y medio y el tipo de interés se situará en torno al 5,8%, inferior al anticipado por algunos medios que lo situaban en el 6,7% y algo superior al de Grecia, que fue del 5,2%. Irlanda logrará así financiar sus necesidades a un coste muy inferior al que encontraba en los mercados donde debía pagar tipos superiores al 9%. El primer ministro irlandés, Brian Cowen, manifestó su satisfacción por la decisión de los ministros de la UE asegurando que “es el mejor acuerdo posible para Irlanda”. La discusión de fondo sobre la naturaleza del mecanismo de resolución permanente se ha centrado sobre la llamada “participación del sector privado” es decir, la exigencia de que los tenedores de deuda pública (Bancos e inversores en general) de los países que reciban ayudas tengan con soportar parte de las pérdidas. El acuerdo al que se llegó es que los bancos y demás inversores sólo participarán en las posibles pérdidas como última instancia y en todo caso se decidirá caso por caso. El sistema que se prevé es que primero se concederán las ayudas al país que las solicite al tiempo que se pedirá a los inversores privados que mantengan sus posiciones.
Los ministros de Economía de los “Veintisiete” aprobaron ayer por unanimidad el plan de ayuda a Irlanda, que habían solicitado las autoridades de Dublín día atrás. La suma total del fondo ascenderá a 85.000 millones de euros, aunque 17.500 millones serán financiados por la propia Irlanda con una reserva que el Tesoro tenía disponible. Los ministros aprobaron también las bases para establecer un mecanismo permanente de crisis a partir de junio de 2011. En el nuevo mecanismo la participación del sector privado en las posibles pérdidas sólo se producirá en última instancia, tal como habían exigido el presidente del BCE, Jean Claude Trichet y algunos países como España. Los 85.000 millones se distribuirán de la siguiente forma: 10.000 millones para la inmediata recapitalización de los bancos y 25.000 millones para posibles contingencias en el apoyo de sector bancario. Los 50.000 millones restantes se destinarán a solventar las necesidades de financiación presupuestaria. El total de ayuda exterior (67.500 millones) procederá en dos terceras partes de Europa (45.000) y una tercera parte (22.500) del Fondo Monetario Internacional. Los préstamos se concederán por un plazo de siete años y medio y el tipo de interés se situará en torno al 5,8%, inferior al anticipado por algunos medios que lo situaban en el 6,7% y algo superior al de Grecia, que fue del 5,2%. Irlanda logrará así financiar sus necesidades a un coste muy inferior al que encontraba en los mercados donde debía pagar tipos superiores al 9%. El primer ministro irlandés, Brian Cowen, manifestó su satisfacción por la decisión de los ministros de la UE asegurando que “es el mejor acuerdo posible para Irlanda”. La discusión de fondo sobre la naturaleza del mecanismo de resolución permanente se ha centrado sobre la llamada “participación del sector privado” es decir, la exigencia de que los tenedores de deuda pública (Bancos e inversores en general) de los países que reciban ayudas tengan con soportar parte de las pérdidas. El acuerdo al que se llegó es que los bancos y demás inversores sólo participarán en las posibles pérdidas como última instancia y en todo caso se decidirá caso por caso. El sistema que se prevé es que primero se concederán las ayudas al país que las solicite al tiempo que se pedirá a los inversores privados que mantengan sus posiciones.
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