Aprueban la regulación de venta de celulares

BUENOS AIRES- El Congreso intentó, con distinta suerte, aprobar las leyes que reclamó Juan Carlos Blumberg. Por un lado, el Senado convirtió en ley el proyecto que regula la venta de telefonía celular, mientras que Diputados no pudo tratar tres pedidos de cambios en el Código Penal para permitir condenas más severas.

La iniciativa sobre telefonía celular, que fue aprobada unanimidad con la presencia de 51 legisladores, contempla penas «de uno a seis años» de prisión para quien cometa alteración de equipos, número de línea, o tarjetas telefónicas «con fines de lucro» o «como medio para perpetrar otro delito».

La norma tuvo origen en el Senado, a partir del caso Blumberg, luego fue modificada en Diputados y finalmente la Cámara Alta sancionó hoy la ley con una aceptación parcial del proyecto de la Cámara baja.

La ley también dispone que el servicio de telefonía celular (que actualmente cuenta con 8 millones de teléfonos) será brindado «únicamente a través de las empresas legalmente autorizadas» y prohíbe la «actividad de revendedores».

Además, las empresas deberán «registrar y sistematizar los datos personales y filiatorios» de «los adquirentes» y los «usuarios» para su clara identificación, a la vez que diariamente deberán informar y entrecruzar «los listados de terminales robadas, hurtadas o extraviadas».

Se prohíbe inclusive «la reactivación de equipos terminales» de fueron reportados como robados, hurtados o extraviados «sin expresa autorización de los propietarios» y las licenciatarias deberán reclamar a sus clientes los comprobantes aduaneros en el caso de utilizar «equipos importados».

La normativa crea el «Registro Público Nacional de Usuarios y Clientes del Servicio de Comunica

ciones Móviles», en el que figuran los datos filiatorios de usuarios y clientes así como la «constancia de las condenas firmes dictadas en su contra por delitos dolosos», en caso de que existan.

Al respecto, el presidente de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, Guillermo Jenefes (PJ-Jujuy), indicó que con esta iniciativa se busca lograr «transparencia en la identificación de los usuarios» y poner restricciones para evitar la utilización de los equipos en la comisión de un delito. Además dispone penas «de prisión de un mes a seis años» para «el que alterare, reemplazare, duplicare o de cualquier modo modificare un número de línea», un equipo o de «la tecnología que en el futuro lo reemplace» y para el que «clone» una línea.

En tanto, «el que a sabiendas de su procedencia ilegítima, adquiere por cualquier medio utilizare terminales celulares» será reprimido con una pena «de 6 meses a tres años» de cárcel.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales podrán corroborar «a toda hora y todos los días del año» mediante un asterisco de llamada gratuita si un equipo terminal se encuentra registrado en la base de datos creada mediente esta ley.

En ese registro, creado en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones, es donde deberán figurar los datos personales, filiatorios y domiciliarios de los usuarios y clientes.

También se dejará constancia de quienes tengan condenas firmes por delitos dolosos.

En este sentido, los legisladores hicieron prevalecer su criterio de que el registro debía estar en manos del Estado por sobre el interés de las empresas que pretendían ser las propias controladoras de los listados con el argumento de que «influye negativamente en la comercialización». (DyN/Télam)

Notas asociadas: Divergencias por las penas en Diputados Camaristas contra el plan del gobierno  

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