Argentina pide paralizar las papeleras

El gobierno argentino, a través de un comunicado difundido ayer por la cancillería, advirtió que sigue «fuertemente preocupado por la continuación de la construcción» de las papeleras sobre las costas del río Uruguay y dijo que su par uruguayo «vulnera tratados internacionales».

Reiteró el pedido de paralización de las obras porque «estas plantas e instalaciones conexas podrían ocasionar un daño ambiental sobre el ecosistema» del Río Uruguay, de administración compartida, señala la nota.

La cancillería dijo que la continuidad de la construcción de las citadas papeleras «pone en riesgo la tradicional cooperación de Argentina y Uruguay a todos los niveles».

El comunicado fue difundido anoche, luego de que el canciller Jorge Taiana recibió al gobernador entrerriano Jorge Busti, al intendente de Gualeguaychú, Daniel Yrigoyen, y a vecinos que se oponen a la instalación de esas plantas.

Según explicó la cancillería en la misiva entregada al gobierno uruguayo, «ha reiterado a las autoridades» de ese país «el requerimiento de que se suspenda dicha construcción, a fin de que ambos Gobiernos puedan explorar conjuntamente todas las posibilidades para una solución rápida y definitiva de la controversia».

«La Argentina mantiene una controversia con Uruguay en torno a la construcción de estas plantas e instalaciones conexas, cuyas actividades podrían ocasionar un daño ambiental sobre el ecosistema asociado a dicho recurso fluvial com

partido, con especial incidencia en las comunidades argentinas adyacentes al mismo», señala el comunicado oficial.

En ese sentido, agregó que «la Argentina objetó y protestó reiteradamente por esta construcción realizada de forma unilateral, solicitando la suspensión de la misma hasta tanto pueda determinarse, de manera objetiva y fehaciente, el impacto ambiental acumulado transfronterizo que tendrían las plantas».

«Ante la negativa del Gobierno uruguayo a considerar esta solicitud, el Gobierno argentino le notificó formalmente (ayer) que la construcción de las plantas e instalaciones conexas, autorizada unilateralmente, vulnera obligaciones contraídas por Uruguay en virtud del derecho internacional general».

La cancillería incluyó entre esos tratados «vulnerados» a «la Declaración Argentino-Uruguaya sobre el recurso agua, del 9 de julio de 1971, y el Estatuto del Río Uruguay de 1975, siendo aplicable el esquema de solución de controversias previsto en este último instrumento». (DyN y AFP)