Argentina tendrá su primera ley sobre Ciencia

La primera ley de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Argentina, cuyo objetivo es garantizar el financiamiento del sector por parte del Estado, con aporte de capital privado, y optimizar el funcionamiento de los organismos de investigación, será sancionada a fines de mayo por la Cámara de Diputados, según adelantaron fuentes legislativas. La norma debe ser refrendada aún por la Cámara alta, pero como los cambios introducidos fueron consensuados con los senadores, se prevé que el trámite de aprobación será rápido.

El proyecto, cuya autoría corresponde al senador Alberto Salum (UCR), fue modificado por los diputados después de dos audiencias públicas, celebradas en septiembre del año pasado, en las que participaron más de 500 científicos de todo el país. La iniciativa ya tiene la aprobación de las comisiones de Ciencia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, por lo que ya está en condiciones de ser tratada en el recinto.

Para la redacción final de la norma, se tomaron en cuenta los proyectos presentados por los diputados Adriana Puigross (hoy secretaria de Ciencia y Técnica) Alicia Colucigno, Enrique Martínez, Juan Carlos Farizano y Jorge Pascual, entre otros. También se tuvo en cuenta la iniciativa presentada en julio de 2000 por el ex titular de Ciencia y Técnica, Dante Caputo, y las opiniones, demandas y propuestas aportadas por la comunidad científica y tecnológica del país.

Los investigadores

Asimismo, se evaluaron las sugerencias surgidas de 70 reuniones con grupos de investigadores e información recopilada mediante una encuesta y una página web puesta a disposición del conjunto de los bloques partidarios.

«La nueva ley implica el ordenamiento del sistema de ciencia y técnica de la Nación», dijo a la agencia AUNO la vicepresidenta primera de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Alicia Colucigno (UCR-Alianza).

Según la legisladora, durante las audiencias públicas en las que participaron científicos «se recibió información de todo el país y de todos los niveles de la investigación tras lo cual se introdujeron modificaciones para llegar finalmente a la norma que permitirá el ordenamiento general y la incorporación al marco legal de muchos organismos».

«A partir de la sanción, organismos como el Conicet, que fueron creados por decreto, van a ser incorporados reconocidos por ley, por lo cual no podrán ser disueltos por un decreto presidencial», explicó Colucigno. Junto al Conicet estarán incluidos la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Balseiro, entre otros.

El papel del Estado

La norma propuesta coloca al Estado como responsable primario del financiamiento de la investigación pero suma también a las provincias y al sector privado. El objetivo de los legisladores es brindar los instrumentos para que el presupuesto nacional para el sector llegue al 1% del PBI y supere el magro 0,6% actual, que coloca a la Argentina por debajo de Brasil (0,76), de Chile (0,62) y más aún de Estados Unidos, donde la inversión alcanza el 2,61%.

En ese sentido, el artículo quinto de la ley expresa que «el Estado Nacional formulará las políticas y establecerá los mecanismos, instrumentos e incentivos necesarios para que el sector privado contribuya a las actividades e inversiones en el campo científico, tecnológico e innovativo».

También queda establecido en otros de sus artículos que para el financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo deberá concurrir «el Estado Nacional mediante las partidas presupuestarias asignadas correspondiente a la función de ciencia y tecnología en la respectiva Ley de Presupuesto y prevista en los presupuestos plurianuales».

En este mismo sentido deberán actuar «las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quienes se invita a establecer niveles presupuestarios similares al Estado Nacional, y las empresas privadas, instituciones u organismos no gubernamentales que realicen promoción y ejecución de actividades científicas y tecnológicas por sí mismas o en concordancia con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación». Al respecto, la diputada Colucigno argumentó que «muchas veces las empresas se ven favorecidas en su producción gracias a la investigación que se hace pagada por el Estado, y si sacan provecho, es importante que también puedan aportar».

Colucigno señaló que «el objetivo es que los investigadores privados se relacionen con tareas tal vez similares que se están haciendo en el ámbito nacional en algún organismo o universidad. Queremos que exista un ámbito para que el esfuerzo que hacen las empresas se relacione con el que se hace desde el sector nacional, provincial y hasta municipal», agregó.

En la actualidad, no hay ninguna normativa que obligue a las empresas privadas a aportar a la ciencia y tecnología.

«Por eso es importante establecer el marco para que esto se revierta y se aprovechen el conocimiento que surge dentro de las universidades y otros organismos apoyados por sectores privados», concluyó la legisladora. (Carolina Stegman- AUNO, Agencia Universitaria de Noticias y Opinión Universidad Nacional de Lomas de Zamora)

Qué lugar ocuparán las universidades

La ley de Ciencia que se apresta a sancionar el Congreso incorporará a las universidades al sistema nacional de investigación científica y tecnológica, dispondrá que ese sistema funcione en forma de red, para facilitar el intercambio de información, y establecerá un sistema de evaluación de las investigaciones por parte del Estado.

La diputada Alicia Colucigno dijo que «queremos que exista una articulación entre las casas de estudio y otros organismos oficiales y que exista una relación entre el ámbito universitario y los diferentes organismos para que no se superpongan los trabajos y se malgasten recursos».

De acuerdo con la iniciativa, el sistema científico deberá estructurarse «en forma de red, posibilitando el funcionamiento interactivo, coordinado y flexible ante los requerimientos de la sociedad» y la vez «procurar el consenso, la coordinación, el intercambio y la cooperación entre todas las unidades y organismos que lo conforman».

La ley hace hincapié en la evaluación de la actividad científica y de los investigadores por parte del Estado. «Si se aspira a un sistema de calidad tiene que haber evaluación», aseguró Colucigno. Según reza el texto, «con el propósito de potenciar, cohesionar y jerarquizar a la comunidad nacional de investigadores, el Poder Ejecutivo Nacional deberá arbitrar los mecanismos para promover la articulación, vinculación, complemento y movilidad horizontal de los mismos y generar el Registro Nacional de Científicos y Tecnólogos».

«Investigador de la Nación»

Una vez sancionada la norma, quedará instituida además la distinción «Investigador de la Nación Argentina», a la cual podrán aspirar «los científicos y tecnólogos residentes en el país o en el exterior que cumplan con los requisitos que se establezcan en la reglamentación de la ley». El reconocimiento será otorgado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva, a partir de las postulaciones de integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. (AUNO)