El Grupo Macri fue a la justicia y negó irregularidades en el acuerdo por el Correo

Correo Argentino, la empresa perteneciente al Grupo Macri pidió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que rechace el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín. A través de un escrito firmado por el presidente y uno de los abogados, la empresa planteó que la fiscal incurrió en numerosas “inexactitudes”. Además, se la acusó de querer “confundir a la opinión pública politizando” el tema.

“La Señora Fiscal no puede ignorar que: (i) ha sido el propio Estado el que provocó la presentación de este concurso; (ii) que ha sido también el Estado el que desapoderó de todos sus activos a la empresa, sin reparación alguna; y (iii) que ha sido también el Estado quien se ha rehusado a encontrar una solución integral a todos los diferendos”, argumentaron desde el correo.

La nota de 10 páginas firmada por el presidente y uno de los abogados del Correo, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher también apuntó contra el ex presidente Néstor Kirchner: “dispuso la peor estatización realizada por el Estado nacional”.

“Cuando asumió la Presidencia Néstor Kirchner, sin que su administración haya resuelto los planteos interpuestos por Correo Argentino S.A.” en función del presunto incumplimiento del Estado, “decidió por decreto rescindir el contrato de concesión y apropiarse de todos los bienes y activos sin pagar un solo centavo”, agregaron.

En el escrito, el Grupo Macri defiende la propuesta realizada por la empresa y señala un “llamativo y espurio manejo de las cifras” hecho por la fiscal. Además señaló que la compañía “sobrecumplió sus obligaciones de inversión”, en referencia a un desembolso de 400 millones de dólares en ese concepto.

Tras esta comunicación, el Correo Argentino plantó su postura en la vereda de enfrente de los dictámenes de la Fiscalía General en lo Comercial, que rechazó al acuerdo que la empresa del Grupo Macri selló con el Ministerio de Comunicaciones.

La fiscal Boquín estimó en esos dictámenes que el eventual acuerdo resultaba “abusivo” y que en realidad implicaba una “condonación de deuda” y “más una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago”

La oferta del gobierno nacional ofrecía una tasa del 7% de interés y en pagos hasta 2033.