Juicio por YPF: Corte de EE.UU. pidió la opinión de Trump

Se trata de la demanda de un fondo buitre contra Argentina. El gobierno de Macri lo leyó como una buena noticia.

08 ene 2019 - 00:00

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes pedir la opinión del gobierno estadounidense de Donald Trump en el caso que enfrenta a un fondo buitre y al Estado argentino por la expropiación de YPF.

“Se invita al procurador general a presentar sus escritos en estos casos expresando la opinión de Estados Unidos”, indicó en un comunicado la Corte Suprema, que debe definir sobre la demanda que presentó Burford Capital por la expropiación de las acciones de la petrolera en 2012 por parte del gobierno de Cristina Kirchner.

La Corte debe resolver si el pleito se dirime en Estados Unidos como aspiran los demandantes o en tribunales argentinos como pretende el gobierno de Mauricio Macri. Un tribunal distrital de Nueva York ya había fallado en contra de Argentina y en la apelación el caso llegó a la Corte.

El máximo tribunal estadounidense tenía tres posibilidades: aceptar la apelación, rechazarla o pedir la opinión de un tercero, que en este caso es el representante del gobierno norteamericano. El Ejecutivo argentino lo consideró una buena noticia, tomando en cuenta la buena relación entre Macri y Trump.

Los querellantes piden a los tribunales que determinen el pago de “compensación por daños de acuerdo con la evidencia” y cualquier otra reparación “que la corte considere justa y apropiada”. Aunque no se mencionan valores, se calculan u$s 3.000 millones.

El caso se remonta a 2008, cuando el grupo argentino Eskenazi constituyó dos empresas en España, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, para comprar de forma muy cuestionada un importante paquete accionario en YPF, que en ese momento estaba en manos del grupo Repsol.

Cuando en 2012 el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de YPF, las dos empresas se declararon imposibilitadas de honrar sus compromisos y pagar sus deudas, y un grupo de acreedores se quedó con sus acciones. Las dos empresas se acogieron a un concurso de acreedores en España, y posteriormente una subsidiaria del grupo Burford, Prospect Investments, obtuvo los derechos para iniciar el litigio legal que podría costarle al país miles de millones de dólares.

El dato
u$s 3.000
millones se calcula que tendría que pagar el Estado argentino si el fondo buitre termina ganando el juicio.

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