“Sueños Compartidos”: procesan a Bonafini y a los Schoklender

Los acusan por el desvío de 206 millones de pesos. A salvo quedaron el ex ministro de Planificación Julio De Vido y los gobernadores e intendentes que firmaron convenios con la fundación.

16 may 2017 - 00:00

La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, de 88 años, y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender fueron procesados ayer en la causa denominada “Sueños Compartidos”, por delitos cometidos a través de esa entidad con el Plan Federal de Construcción de Viviendas instrumentado por el gobierno de Cristina Fernández.

La medida alcanzó además al ex secretario de Obras Públicas José López -ya detenido en otra causa por el bolso lleno de dinero en un convento- y su ex segundo, Abel Fatala, quienes -se señala- le permitieron a los Schoklender “en su calidad de apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo” que “tuvieran el manejo de la suma de $748.719.414,64, de la cual desviaron $206.438.454,05 de su destino específico”.

Hubo falta de mérito para el ex ministro de Planificación Julio De Vido y los gobernadores y jefes comunales que firmaron convenios, mientras que se procesó a varias de las personas que participaron en la “ingeniería financiera” de los cheques que habían ingresado a la Fundación.

A los Schoklender se los consideró “protagonistas centrales” de la maniobra, mientras que Bonafini fue señalada como partícipe necesaria por entender que “conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación”.

La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que los encontró presuntamente responsables del delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en relación a los financiamientos otorgados por la Secretaría de Obras Públicas”.

El juez -ex secretario de la Cámara Federal- sostuvo que “el éxito de esa maniobra fue posible gracias a la bastarda utilización de la noble causa de los Derechos Humanos, pues se valieron del prestigio y la trayectoria que la ‘Asociación Madres de Plaza de Mayo’ cuenta en el área de su defensa, para convertirla en la reserva moral del ‘Programa Sueños Compartidos’, y al infiel desempeño de los funcionarios públicos a cargo de la asignación de los recursos del Estado” para la construcción de viviendas.

No obstante, el juez Martínez De Giorgi dictó la falta de mérito para otros funcionarios como De Vido, al señalar que “no se han obtenido evidencias relevantes que lo ubiquen participando de modo personal en la gestión de aprobación de pagos, financiamiento o adelantos, a la fundación, o a las jurisdicciones locales, circunstancia sí acreditada con relación a la Secretaría de Obras Públicas”.

La falta del mérito también alcanzó a los gobernadores e intendentes que hicieron convenios con la Fundación como Gerardo Zamora (ex Santiago del Estero), Alejandro Granados (Ezeiza), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Jorge Capitanich (ex Chaco), Maurice Closs (ex Misiones) y Rubén Giustozzi (Almirante Brown).

La causa conocida como “Sueños Compartidos” se inició en el año 2011 y recayó en manos del entonces juez federal Norberto Oyarbide, que detuvo a los hermanos Schoklender, famosos protagonistas de un parricidio en los años 80. Hebe de Bonafini había adoptado como “un hijo” a Sergio cuando en los años ‘90 obtuvo la libertad.

El escándalo enfrentó a Sergio Schoklender con Bonafini, quien responsabilizó a su ex protegido de haberle robado el dinero de la Fundación y se desligó de todas las irregularidades en el caso. Sergio Schoklender se defendía acusando públicamente a De Vido y a López.

En 2013, tras fallos críticos, la Cámara apartó a Oyarbide de la investigación.

“El éxito de la maniobra fue posible gracias a la bastarda utilización de la noble causa de los DD.HH y del prestigio de las Madres”
Sostuvo el juez Marcelo De Giorgi en su resolución conocida ayer.
Detalles
de la maniobra
El juez De Giorgi explicó en el fallo cómo era “el circuito que seguían los fondos enviados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de casas que eran apartados de su objetivo”.
- “En el marco de los convenios de financiación que tramitaran ante Obras Públicas se comprometió al Estado al aporte de 1.295.218.967 pesos para la construcción de viviendas, suma de la cual efectivamente se transfirió a las distintas jurisdicciones un total de 748.719.414,64 pesos”.
- “Este último importe fue ingresado a las cuentas de la Fundación Madres en razón de haber resultado adjudicataria de las obras”.
- “Del análisis del giro de los fondos, se observó que la suma de $206.438.454,04 no se encontraba asociada a gastos relacionados con la construcción de viviendas”.

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