Un fin de año en el que manda el frente judicial

Con la indagatoria de los Macri, el 2018 está terminando como el peor año de la historia argentina para los empresarios ante la Justicia.

Pasado el G20, que distrajo la atención durante algunas semanas; con la conflictividad social de fin de año contenida por ahora, pese a la crisis, entre el gobierno y los movimientos sociales, y cerrado el fugaz debate sobre la seguridad y las armas, el fin de año llega con más impacto judicial que “político”, más allá de los impactos políticos de lo judicial. Y con los principales empresarios del país en la primera línea.

El miércoles, a sólo 4 meses de ser condenado con prisión, Amado Boudou dejó el penal de Ezeiza por orden del mismo tribunal que lo condenó, aunque con un cambio de composición reciente que permitió ese desenlace. El ex vice salió de la cárcel hablando de “presos políticos”. Su libertad no es definitiva: dependerá de lo que defina Casación sobre su condena y la del resto de los implicados en la causa Ciccone. La decisión del tribunal llegó después de otra decisión judicial importante: en la causa conocida como “Ciccone II” –que investiga el armado financiero detrás de la operación para quedarse con la imprenta – el juez Ariel Lijo procesó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y otros ex funcionarios, pero también, en la pata empresarial, al dueño del Banco Macro, Jorge Brito.

Pero la semana ya había abierto con otra noticia judicial inesperada: en una de las vertientes de la megacausa de los cuadernos, el juez Claudio Bonadio llamó a declarar a Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente. Fueron acusados por el “arrepentido” ex funcionario K Claudio Uberti de pagar, como dueños de la empresa Autopistas del Sol, coimas a cambio de concesiones viales. Gianfranco negó todo y pidió ser sobreseído. Franco, creador del emporio Socma, no se presentó por su mal estado de salud. El juez definirá próximamente su situación en la causa.

Con la indagatoria de los Macri, el 2018 está terminando como el peor año de la historia argentina para los empresarios ante la Justicia. La causa de los cuadernos tiene más de 50 procesados, una veintena de detenidos y otros 26 arrepentidos: más de la mitad son directivos de compañías. Hablamos de Techint, Roggio, Isolux, BTU, Iecsa, Electroingeniería, Corporación América. Los dueños de estas dos últimas, Gerardo Ferreyra, ya detenido, y Eduardo Eurnekian, hasta ahora lejos de tribunales, deberán declarar ante el juez este martes y miércoles.

Pero, además, para los empresarios la causa parece ser una fuente de problemas que amenaza con derramar sus aguas sobre todo sector de negocios -no sólo la obra pública- que tuvo algún contacto con el Estado. Está la idea también, y la seria preocupación para algunos, de que no hay intocables. A principio de mes, Bonadio procesó a Paolo Rocca, dueño Techint, la empresa más grande de la Argentina. Apenas una semana después, como el juez no dictaminó la prisión preventiva, los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli apelaron y pidieron a la Cámara Federal su detención. Demostró la altura de la vara.

Según afirma el vocero de uno de los grandes empresarios arrepentidos, muchos suponían, como si el poder del Estado fuera uno solo, que con un gobierno como el de Mauricio Macri jamás podría suceder lo que sucedió: tener desfilando por Comodoro Py a los principales empresarios del país. La imputación de Franco y Gianfranco, y el previo procesamiento del “arrepentido” primo presidencial, Ángelo Calcaterra, sepultaron esa idea.

La preocupación central, en medios empresarios, está en los problemas que puede traer en términos de imagen y necesidad de financiamiento para las compañías que cotizan el exterior.

Con el procesamiento de Roca, las acciones de empresas de Techint en Wall Street se desplomaron. Apenas estalló el escándalo de los cuadernos, el valor de las empresas argentinas que cotizan en la bolsa porteña se derrumbó por miles de millones de dólares. Sin embargo, entre los empresarios hay algo a rescatar. Tomando como ejemplo el impacto económico que tuvo el Lava Jato en Brasil, algunos creen que el gobierno actuó con rapidez en un punto: diferenció entre directivos y empresas, que siguen trabajando, y la obra pública no entró en crisis.