Armas: procesan a Erman y a Di Tella

BUENOS AIRES (DyN) – Los ex ministros Antonio Erman González y Guido Di Tella fueron procesados ayer como presuntos partícipes de las maniobras para la venta ilegal de armas, pero la fiscalía apelará la decisión judicial por considerar que existen pruebas para acreditar que los ex funcionarios, y en especial el ex canciller, tuvieron responsabilidades más graves que las que les atribuyó el juez federal Jorge Urso.

Urso sostuvo que González y el ex vicecanciller, Juan Olima, firmaron documentación que permitió la venta ilegal de armas a Croacia , mientras que el ex canciller Guido Di Tella omitió aportar a la causa pruebas de «singular importancia».

El fiscal Carlos Stornelli quería acusar además a Di Tella de haber «alterado las relaciones amistosas» del gobierno de Argentina con Perú al no disponer medidas que evitaran los embarques de armas nacionales a Ecuador, en plena guerra del verano del «95. Pero Urso entendió que no hay evidencias para adjudicar esa responsabilidad al ex canciller. El juez, de hecho, procesó a Di Tella sin prisión preventiva como presunto autor del delito de ocultación de pruebas y le trabó embargo por 50 mil pesos.

Paralelamente, dictó la falta de mérito para el ex ministro de Relaciones Exteriores respecto de cuatro delitos en los decretos del Poder Ejecutivo que habrían amparado el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

En cambio, Urso consideró probado «el aporte que Antonio Erman González realizó a la falsedad» ideológica de los decretos 1697/91 y 2283/91 que autorizaron exportaciones de material bélico a Panamá cuando su verdadero destino fue Croacia . Y dijo que «sin la contribución» del ex ministro de Defensa, a quien le fijó un embargo de 400 mil pesos, «no hubiera podido consumarse» el envío clandestino.

El juez, además, procesó al ex secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería, Juan Carlos Olima, como supuesto partícipe necesario de la falsedad ideológica de los decretos. Y le embargó los bienes por 400 mil pesos.

El juez afirmó que los decretos presidenciales son «ideológicamente falsos» porque el destino que preveían para el armamento -Panamá- «no era real» y concluyó que, sin la contribución de González «el hecho no hubiera podido consumarse».

«Desde agosto de 1991 a marzo de 1992, en apenas ocho meses se autorizó la exportación de una importantísima cantidad de armamento a un país (Panamá) de escasa dimensión geográfica, carente de Fuerzas Armadas, intervenido por los Estados Unidos y sin conflictos bélicos» Remarcó Urso.

Esa situación, expresó el juez, «debió despertar la percepción de quienes intervinieron de manera decisiva en el dictado de los decretos».