Sin cambios en el rumbo del gasto y la emisión

Redacción

Por Redacción

El 2013 es un año electoral, por lo que cabría esperar que el Estado siga incentivando el consumo privado a través de la política fiscal y monetaria, con lo que no se esperan cambios significativos respecto del 2012 al menos hasta octubre. El gobierno seguirá reforzando con determinadas políticas públicas (subsidios selectivos, jubilaciones y pensiones, asignación universal por hijo y planes sociales) la mejora del poder de compra de los salarios. A su vez, buscará por todos los medios incrementar la recaudación para disponer de más recursos. Esto le permite al gobierno direccionar el gasto dado que es más controlable que los impuestos, lo cual en principio busca alcanzar una mejor distribución del ingreso –aunque las últimas cifras publicadas por el Indec no muestran un avance en esta materia– y atender las necesidades de los sectores más vulnerables. El aspecto negativo, si se quiere, es la inflexibilidad a la baja, lo que a su vez convierte a la inversión pública en una de las variables que primero se ajustan cuando se quiere equilibrar las cuentas fiscales. Y, cuando ésta se resiente, las provincias son las más perjudicadas. Por el lado impositivo, lo que sobrevino luego de las elecciones presidenciales de octubre del 2011, y todo pareciera indicar que seguirá este año, es un ajuste a través del aumento de impuestos, el descongelamiento de tarifas de servicios públicos y la reducción de los subsidios económicos. Ahora bien, en virtud de que los tiempos de abundancia han terminado, la pregunta es cuánta capacidad tendrá el gobierno para sostener un “impulso fiscal” a la demanda y el consumo. En lo que respecta a la política monetaria, el Banco Central continuará con su política de emisión destinada a financiar el déficit fiscal. La persistencia de este desbalance indicaría que la expansión monetaria seguiría en niveles elevados, manteniendo así las presiones sobre el proceso inflacionario. Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que ocurría en el 2002, nuestro país tiene hoy un nivel bajo de desempleo y una alta utilización de su capacidad instalada, lo que hace que un aumento de base monetaria para financiar gasto no tenga el mismo efecto reactivador sobre la actividad económica. Esto se agravaría aún más si el gobierno abriera el cepo cambiario, dado que el excedente de pesos se iría a la compra de divisas, poniendo en evidencia otros problemas de carácter estructural, de incertidumbre y de falta de credibilidad y reputación de las instituciones políticas.


El 2013 es un año electoral, por lo que cabría esperar que el Estado siga incentivando el consumo privado a través de la política fiscal y monetaria, con lo que no se esperan cambios significativos respecto del 2012 al menos hasta octubre. El gobierno seguirá reforzando con determinadas políticas públicas (subsidios selectivos, jubilaciones y pensiones, asignación universal por hijo y planes sociales) la mejora del poder de compra de los salarios. A su vez, buscará por todos los medios incrementar la recaudación para disponer de más recursos. Esto le permite al gobierno direccionar el gasto dado que es más controlable que los impuestos, lo cual en principio busca alcanzar una mejor distribución del ingreso –aunque las últimas cifras publicadas por el Indec no muestran un avance en esta materia– y atender las necesidades de los sectores más vulnerables. El aspecto negativo, si se quiere, es la inflexibilidad a la baja, lo que a su vez convierte a la inversión pública en una de las variables que primero se ajustan cuando se quiere equilibrar las cuentas fiscales. Y, cuando ésta se resiente, las provincias son las más perjudicadas. Por el lado impositivo, lo que sobrevino luego de las elecciones presidenciales de octubre del 2011, y todo pareciera indicar que seguirá este año, es un ajuste a través del aumento de impuestos, el descongelamiento de tarifas de servicios públicos y la reducción de los subsidios económicos. Ahora bien, en virtud de que los tiempos de abundancia han terminado, la pregunta es cuánta capacidad tendrá el gobierno para sostener un “impulso fiscal” a la demanda y el consumo. En lo que respecta a la política monetaria, el Banco Central continuará con su política de emisión destinada a financiar el déficit fiscal. La persistencia de este desbalance indicaría que la expansión monetaria seguiría en niveles elevados, manteniendo así las presiones sobre el proceso inflacionario. Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que ocurría en el 2002, nuestro país tiene hoy un nivel bajo de desempleo y una alta utilización de su capacidad instalada, lo que hace que un aumento de base monetaria para financiar gasto no tenga el mismo efecto reactivador sobre la actividad económica. Esto se agravaría aún más si el gobierno abriera el cepo cambiario, dado que el excedente de pesos se iría a la compra de divisas, poniendo en evidencia otros problemas de carácter estructural, de incertidumbre y de falta de credibilidad y reputación de las instituciones políticas.

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