“¿Qué pasa con la ley de discapacidad?”



En 1997 se sancionó la ley nacional 24901 –Sistema de prestaciones básicas para personas con necesidades especiales–. Neuquén, como otras dos provincias, no adhirió a dicha ley. En el 2008 un grupo de asociaciones de personas con discapacidad comenzó una lucha para lograr la adhesión de Neuquén a ese régimen. Nuestra lucha tuvo su recompensa y en mayo del 2009 se sancionó por unanimidad la ley provincial 2644 de adhesión a la 24901 y en cuyo artículo 5 se estipulaba un plazo de 90 días para su implementación. Con tristeza vemos que a la fecha dicha ley no ha sido reglamentada, por lo tanto aún no ha sido puesta en vigencia. El Instituto de Seguridad Social rechaza pedidos básicos argumentando que si bien Neuquén adhirió a la ley 24901, por no estar reglamentada se rige por la vieja ley provincial. Otro de los argumentos esgrimidos es que deben resguardar la economía de la obra social. Soy integrante de la comisión de Apasido (Asociación Patagónica de Síndrome de Down), una de las asociaciones que estuvieron en la lucha antes citada, y estoy afiliado a la obra social desde hace más de 30 años. Lo único que pido al Instituto es tener la cobertura social indispensable para mí y mi familia. No quiero otra cosa. El funcionario que rechaza un pedido amparado en la ley 24901 seguramente desconoce la cantidad de personas con síndrome de Down existentes en la provincia y afiliadas al Instituto. La estadística mundial es de 1,5 por mil. La cuenta es fácil: de 20.000 afiliados habría 30 con síndrome de Down. Sin ser un gran economista, no creo que este número de personas produzca una bancarrota en la obra social; sí que son otros los gastos en los que ésta incurre y producen un importante déficit. Cuesta creer que la Legislatura apruebe una ley por unanimidad y que su presidenta, la Dra. Ana Pechen, sea una de las principales impulsoras de brindar los derechos a las personas con discapacidad y desde el Poder Ejecutivo se frene la puesta en vigencia de una norma necesaria para lograr la plena inclusión de las mismas en la sociedad. España es uno de los países donde más se respetan sus derechos y para ponerlo en marcha copió nuestras leyes. La diferencia es que en ese país se cumplen. Pido al Poder Ejecutivo que reglamente la ley 2644 para dejar de peregrinar por los pasillos de nuestra obra social aclarando que las obras sociales nacionales y las prepagas cumplen la ley y el Instituto de Seguridad Social no lo hace por tratarse de una obra social provincial. El derecho a la salud es el derecho humano más elemental de cualquier persona y en este caso lo considero doblemente importante por tratarse de una persona con discapacidad. Son las autoridades del gobierno y de las obras sociales quienes deben garantizar este derecho. Néstor Reinaldo Martínez DNI 12.066.515 Neuquén

Néstor Reinaldo Martínez DNI 12.066.515 Neuquén


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