Aseguran el gas para casas que están casi terminadas

Son construcciones de Roca y SAO

VIEDMA (AV).- El Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV), el Ente Nacional Regular del Gas (Enargas) y la empresa Camuzzi Gas del Sur; anunciaron la firma de un convenio que permitirá la ejecución de red y suministro del servicio a diversos barrios que suman más de un millar de unidades habitacionales cuya entrega se encuentra en riesgo. En ese sentido, autoridades, profesionales y técnicos del organismo asistidos por letrados de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro se reunieron con representantes del Enargas y la distribuidora. El propósito es acordar la suscripción de los documentos que permitan garantizar la provisión y concluir distintos planes habitacionales. Esta iniciativa apunta a destrabar el problema que acarrean -para el montaje de redes- los barrios de 280, 290, 112 y 87 viviendas de General Roca, y el barrio 86 viviendas de San Antonio Oeste. Suman alrededor de 1.100 unidades habitacionales. Si bien se hizo un anticipo oficial sobre que habría definiciones al respecto, el IPPV no brindó mayores precisiones sobre el origen de los recursos para afrontar la inversión, cronogramas de fechas de realización de las obras, su conclusión, y mucho menos de la entrega a las familias. Días pasados, los potenciales adjudicatarios anunciaron en Roca una serie de medidas para exigir la entrega de sus casas que se encuentran finalizadas en más de un 90%. El temor que existe es que este emprendimiento demore la entrega de las llaves a junio o julio próximos, en consecuencia no se descarta que el anuncio tenga el propósito de calmar tensiones entre los futuros adjudicatarios. Instalaciones La habilitación para este tipo de obras requiere de una serie de instalaciones complementarias. Desde el punto de vista técnico se debe localizar un sistema de “loop” (cañería paralela a la red troncal) que sirve para mantener el equilibrio del sistema y que todos puedan contar con la misma presión domiciliaria. Para Camuzzi, la responsabilidad es del IPPV en este caso, pero en enero pasado desde el gobierno se solicitó la intervención del Ministerio de Planificación de la Nación a fin de que se destrabe el financiamiento al tratarse de un importante monto.