Asesinan al investigador de la masacre de inmigrantes

MÉXICO

Un agente del Ministerio Público que investigaba la matanza de 72 inmigrantes en Tamaulipas fue hallado hoy asesinado junto a otro cuerpo, que se presume puede ser el de un funcionario local, a un costado de una ruta del estado fronterizo con los Estados Unidos, mientras la Armada inició la búsqueda de cementerios clandestinos en la zona.

Fuentes oficiales citadas por la agencia Ansa explicaron que los marinos «peinarán el área» para asegurarse que «no hay más cadáveres en la zona», por lo que soldados fuertemente armados recorrieron la zona, varios helicópteros realizaban sobrevuelos y patrullas militares buscaban a los autores de la matanza.

Las pesquisas militares se iniciaron mientras representantes diplomáticos de Honduras, El Salvador, Ecuador y Brasil colaboraban con las autoridades mexicanas en la identificación de los cadáveres.

En Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, autoridades sanitarias reconocieron que en San Fernando enfrentan el problema de que la morgue es insuficiente para realizar las autopsias a las víctimas y para efectuar estudios periciales y de criminología, lo que retrasó los trabajos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública federal aplicar medidas cautelares para el joven ecuatoriano sobreviviente de la matanza de los 72 inmigrantes, pero casi al mismo tiempo la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano, Cecilia Romero, anunció que le será otorgada una visa humanitaria.

En tanto, en agente del Ministerio Público asesinado en plena investigación de la masacre es Roberto Javier Suárez Vázquez, cuyo cadáver fue localizado junto a otro en una carretera que conduce al municipio de San Fernando. Con todo, el funcionario muerto está, para el gobierno nacional, en calidad todavía de «desaparecido».

Junto al cuerpo fue hallado el cadáver de otra persona que no fue identificada, pero se presume que se trata de un funcionario del municipio de San Fernando. Ambos eran buscados por las fuerzas de seguridad desde la tarde de ayer.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, condenó hoy el asesinato de los inmigrantes y exhortó a las autoridades del país a «realizar una investigación completa, transparente e independiente».

En un comunicado publicado hoy en Ginebra, la comisionada se dice «profundamente conmocionada por estos asesinatos que muestran la crítica situación de los inmigrantes en el país», y pide que los responsables sean castigados y se tomen medidas preventivas.

El gobierno de México, mientras, sostuvo que el 80 por ciento de los 28.353 asesinatos registrados en el combate gubernamental al narcotráfico «están vinculados a las disputas» que mantienen los distintos cárteles por el control del tráfico de drogas.

La posición oficial fue fijada por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, durante la conclusión del foro Diálogos por la Seguridad, que encabezó el presidente Felipe Calderón.

Poiré, también secretario técnico del Gabinete de Seguridad Nacional, detalló que 22.701 asesinatos son atribuibles a la lucha que mantienen los distintos grupos criminales, que se concentran en 162 municipios y seis provincias mexicanas.

Poiré informó que el gobierno de México identificó «siete claros conflictos» entre los cárteles del narcotráfico e incluso el número de víctimas fatales que han causado.

Sobre el ecuatoriano sobreviviente, Romero, jefa de la política migratoria, explicó que está protegido por fuerzas de la Armada nacional y que si desea quedarse en México «lo podrá hacer, como lo indica la ley para los indocumentados rescatados de mano de traficantes de personas y la delincuencia organizada».

El ecuatoriano, de quien sólo se vio una foto, herido en el cuello, salvó la vida porque simuló estar muerto, tras haber sido baleado, y su testimonio fue clave para el hallazgo de la fosa.

Un cable de la agencia DPA detalla que de los 72 migrantes masacrados ya se identificaron 31 cuerpos, 14 de ellos de hondureños, 12 de salvadoreños, 4 de guatemaltecos y un brasileño, según informó la fiscalía.

«El proceso de identificación por parte de los peritos periciales concluyó. Hay otros 41 sin identificar, que no portaban documento alguno», explicó la fuente.

Los cuerpos fueron trasladados a Reynosa y quedaron a disposición de la Procuraduría General de la República, que deberá determinar los siguientes pasos. La mayoría de las víctimas son jóvenes.

Télam