Asignaciones: el recorte en Río Negro afectará a 71 mil chicos

Casi 71 mil chicos rionegrinos figuran en los registros de Anses y sus padres formalmente asalariados cobran asignaciones familiares. La anunciada reforma nacional -con la eliminación del beneficio patagónico- impactará en esos pagos a partir de los haberes de setiembre.

Simultáneamente, el diputado nacional Claudio Doñate -acompañado por una concejal de Bariloche- presentará un amparo y pedirá que se deje sin efecto esa modificación mientras que su par María Emilia Soria anticipó una denuncia penal contra los firmantes del decreto, la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

La senadora Magdalena Odarda estimó que la quita del beneficio patagónico significará una “pérdida” anual para la región de “más de 2.000 millones de pesos”.

Por su parte, los legisladores del bloque de JSRN, Alejandro Palmieri y Facundo López entendieron que la “reducción de las asignaciones familiares deben ser rechazadas institucionalmente”, por lo cual, elevaron a la Legislatura un proyecto de comunicación para que el Parlamento Patagónico y los representantes de Río Negro expresen su rechazo a esas modificaciones. “Esta decisión -agregan los parlamentarios- debe ser discutida y consensuada por las partes involucradas, que no puede salir solo de la necesidad que tiene el Poder Ejecutivo Nacional para reducir los montos que la Anses debe asignar a los trabajadores y que no ha sido incluido presupuestariamente”.

En su gacetilla, los diputados oficialistas recogen que el Indec consigna que en la Patagonia hay 307.771 chicos que reciben asignaciones según las liquidaciones de los haberes de sus padres. Cumple con el detalle de las provincias y precisa que en Río Negro se registran 70.988 menores con ese beneficio nacional.

Mientras tanto, el diputado Doñate adelantó la presentación de un amparo colectivo que formalizará en el Juzgado Federal de Bariloche, conjuntamente con la concejal local, Ana Marks y la asociación Con.Pro.Bar, solicitando además una cautelar para dejar sin efecto el decreto 702 que que “recorta las asignaciones familiares de los trabajadores de la Patagonia. “Atenta contra las niñas y niños rionegrinos hijos de trabajadores y significa un ajuste a todas luces ilegal e inaceptable”, afirmaron Doñate y Marks. El escrito judicial pedirá la inconstitucionalidad del decreto por ser “una medida violatoria del derecho humano a la seguridad social y contravenir la obligación internacional de progresividad en la protección de los derechos humanos”.

Simultáneamente, la senadora Odarda insistió con su rechazo a la modificación de las asignaciones y estimó que la quita del beneficio patagónico significaría una perdida anual de la región de “más de 2.000 millones de pesos”. Estimó que esa “quita representa una medida similar a la adoptada en diciembre pasado con la rebaja a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales, con un recorte que fue de un casi un 7% en el primer trimestre y se incrementó sucesivamente”.