Aumento salarial en la Justicia jaquea su presupuesto

La resolución que aumentó un 30% los ingresos de los integrantes de la Justicia, agitó, una vez más, la disputa de poder entre la Corte Suprema y el Consejo de la Ma



BUENOS AIRES (ABA) . – “Si fuéramos un país más civilizado, sin tanto conflicto, no tendría nada de malo que los jueces se dediquen a impartir justicia y el Consejo se ocupara de la administración. Pero en un sistema como el argentino, esa división falla y se vuelve conflictiva”.

Tal cosmovisión pertenece al ex juez de la Corte Suprema, Jorge Bacqué, y la referencia es a la tensión suscitada por el aumento generalizado de sueldos en la justicia resuelto por el Consejo de la Magistratura que fue calificado por la cabeza del poder judicial como un “delito”.

El Consejo decidió conceder un incremento salarial del 10 % para todos los integrantes de la justicia, pero a la vez incluyó el “reescalafonamiento” que traducido implica recategorizar a los funcionarios judiciales con un rango mayor al que en realidad ostentan. En la práctica, tal mecanismo derivó en que cada ocupante de un cargo en la justicia recibiera un 30 % más de bolsillo en relación a lo que obtenía a fines del año pasado.

La medida, con claro impacto presupuestario (ver recuadro) puso los pelos de punta en la mayoría de los integrantes de la Corte que dieron a entender que van a luchar por recuperar la potestad que venían ejerciendo, pero que en rigor -según la mayoría de las opiniones- les fue sustraída por la reforma constitucional de 1994.

El constitucionalista Daniel Sabsay apunta que desde la creación del Consejo, las cuestiones administrativas siempre fueron motivo de fricción con la Corte Suprema al no estar bien definidas las competencias: “El tema es muy delicado, de interés político, porque aparece como trasfondo quien es la cabeza del Poder Judicial”, señala el jurista.

Si bien en la cuestión salarial, Sabsay le concede la derecha a los consejeros, considera que éstos operan con “mucha demagogia”.

En las sesiones plenarias del Consejo de la Magistratura, no es extraño ver al secretario gremial de los judiciales Julio Piumato -y quienes lo acompañan en el sindicato de empleados- para repartirse los oropeles de las conquistas salariales de sus afiliados.

Sabsay considera necesario reformar el Consejo de la Magistratura. “Se trata de un organismo sobredimensionado en el cual no tendría que haber legisladores que al mismo tiempo se sientan en las bancas porque se está violando el principio de la división de poderes ya que ocupan el poder legislativo y judicial al mismo tiempo”, y advierte sobre la corporativización de los otros estamentos incluidos en la institución, como abogados y magistrados.

Bacqué recuerda sus intentos infructuosos -mientras fue presidente del Colegio Público de Abogados- para que el Consejo sea “reducido” y “despolitizado”. “Tiene una representación política numerosa dividida en mayorías y minorías, en fin es la consecuencia de imponer una institución de raigambre monárquica (ajena al sistem republicano argentino) propia de países donde no está en manos de los jueces la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, como ocurre en Argentina.

Fricciones

 

Para Bacqué (quien renunciara a la Corte Suprema cuando el ex presidente Carlos Menem decidió elevar sus integrantes de cinco a nueve), el punto más polémico estriba en que mientras la ley de leyes le otorga al Consejo la administración de los recursos; la ley reglamentaria sostiene que en el manejo de los fondos es la Corte la que tiene la última palabra. Pero de hecho, no resultó tan así como quedara evidenciado en la última resolución del cuerpo en cuestión en el fondo avalada por el Poder Ejecutivo que se mostró más cercano al Consejo en la disputa. “La Corte no puede librar los cheques”, añade Bacqué.

Los tironeos avizoran nuevos capítulos: entre ellos el clave de quien se ocupa de recibir y decidir que hacer con las declaraciones juradas de los magistrados. Incluso, dentro del Consejo existen polémicas sobre los alcances de tales declaraciones de bienes. Mientras algunos como Beinusz Smuckler creen que los requisitos para acceder a las mismas sean mínimos, la mayoría cree que debe haber un procedimiento un tanto complejo y no inmediato para que se revele tal información.

El consejero Smuckler enfatiza la necesidad de cumplir con la Constitución, y advierte que no todos los integrantes de la Corte tienen una actitud belicosa, ponderando especialmente la moderación de Carlos Fayt.

Reconoce que la pulseada es dañina para la Corte y cree que se trata de una actitud de autoprotección ya que la misma Corte se dio un aumento de un 30%.

Sabsay destaca que al estructurarse el Consejo tomó funciones de superintendencia (administración de recursos y poder disciplinario sobre los jueces), las que sumó a las propias (iniciación de juicio político y designación de magistrados).

Pero en un ámbito donde se suele actuar con sigilo y moderación, la sobreactuación es algo que le preocupa al especialista. “En un momento en que las instituciones están fragmentadas comienzan las lógicas de las presiones y en ese juego de poder aquellas corren el riesgo de desconfigurarse completamente”, desliza Sabsay.

Bacqué apela a la jerarquía de quien preside ambas instituciones, Enrique Santiago Petracchi: “Creo que va a encontrar alguna solución porque resume lo que tiene que ser un titular de la Corte Suprema: Es un hombre de Estado”.

Claudio Rabinovitch

Notas asociadas: Consejo polémico Causa común  

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