¿Autocensura inducida?



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ROBERTO F. BERTOSSI (*)

La democracia se caracteriza por un equilibrio de poderes que garantiza no sólo la libre expresión sino la seguridad jurídica para la más amplia pluralidad de opiniones. Todo intento explícito o implícito y cualquier exabrupto que de algún modo cohíba la libertad de prensa, de expresión de ideas o reproducciones de opiniones judiciales institucionales concluye en tornar abstractas e inviables dichas garantías, libertades y pluralidades, las que son, al fin y al cabo, condición propia tanto para la vigencia de las comunicaciones democráticas como para la mismísima democracia. ¿De qué se trata? De que se opina, se discursea y se legisla respecto de democratizar y liberar las comunicaciones (ley 26522) o, como ha venido aconteciendo en los últimos años, de que mediante una serie de provocaciones y confrontaciones audiovisuales constantes en realidad se persigue –más o menos solapadamente– cercenar o abolir dicha libertad y democracia comunicativa. El cabal ejercicio de la libertad de prensa debe ser capaz de denunciar informada y responsablemente todos los errores, picardías, desbandes, descalabros y corrupciones en el tratamiento de “toda” la cosa pública. Si bien podría suceder que algunas tapas y contenidos mediáticos se diseñen, produzcan y circulen en una tensión permanente entre intereses manifiestamente antagónicos de posiciones por lograr el propósito (jamás confesado) de controlar finalmente titulaciones e información pública con la excusa de usar y usufructuar (¿abusar?) una supuesta “democratización de los medios de comunicación”, jamás ninguna libertad, de expresión ni de prensa, debe atacar instituciones, derechos personales ni a la democracia impunemente. Distorsionar el alcance y el sentido de lo que esto último significa no es más ni menos que perturbar la libertad de prensa y su inherente pluralismo. Así, entonces, e invocando la “democracia”, cuando menos resulta paradojal restringir la propia condición de su existencia que no es otra que la plena libertad de expresión sin cortapisas de ninguna naturaleza ni categoría. Por eso no son ni serán menores el cuidado y la atención que merecen todas y cada una de las características democráticas. Son presupuestos de toda sociedad democrática no sólo la libre publicación y circulación de los medios audiovisuales sino la intangible libertad ciudadana personal para elegir lo que quiere leer, lo que quiere escuchar y lo que quiere ver sin censura previa ni –mucho menos– que el Estado pretenda imponerle un modo, patrón, estándar o modelo de comportamiento. Al menos la condición de “ciudadanía” es que la persona no es ni sea sierva ni en el supuesto de que “algún servidor” pueda tener una apariencia similar voluntaria. Obviamente, por estos días asistimos impávidos a una absurda contraposición de derechos entre el pleno ejercicio a la pluralidad por parte de cada ciudadano que la escoge libremente y una forma de poder estatal que procuraría imponer a cada uno lo que unilateral, arbitraria y discrecionalmente, en principio, considera como bien común, como interés general. En este último caso, el bien supuestamente “común” para el Estado podría culminar colisionando, usurpando hasta truncar progresivamente un bien común personal compartido y, por ende, social. La opinión pública en general es naturalmente reacia a cualquier restricción a la libertad de prensa, particularmente cuando su procedencia es del más alto nivel gubernamental, si lo que se propone es imponer conductas del tipo y de la clase de lo que cada uno y de lo que cada cual debería considerar “es su propio bien”. Éste es el riesgo que consiste, más precisamente, en derribar las fronteras entre democracia y libertad de prensa. Nada más parecido a un Estado que creería saber y recomendar lo que es mejor para el ciudadano, lo que es mejor para la prensa presuponiendo especialmente que los ciudadanos habrían perdido o extraviado su capacidad personal para discernir racionalmente lo mejor para sí. Paradójicamente, si alguien –y alguien calificado– entiende que la prensa atacó las instituciones, la democracia, y condicionó todos los gobiernos democráticos, ¿por qué aún no se dio participación a la Justicia o, mejor aún, por qué nuestra Justicia en nuestro Estado de derecho todavía no actuó de oficio ante estas gravísimas denuncias y estando vigente la ley de defensa de la democracia? Finalmente, todo acecho o amenaza a toda información adecuada, veraz y democrática no debe ser mediatizada sino judicializada ya que aquí, si no se trata de eso, pues, ¿acaso de qué se trata? (*) Investigador y docente de Derecho Cooperativo


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