Auxilio al Poder Judicial
El Superior Tribunal exhibió su emergencia administrativa y logró facultades especiales
Auxilio al Poder Judicial
El Superior Tribunal exhibió su emergencia administrativa y logró facultades especiales
La privación de recursos ya es un problema real en el Estado rionegrino. Por eso, el gobierno suma un nuevo instrumento de financiamiento. Hay otro mundo. Sumergida en lo suyo, la Justicia se despojó de trabas administrativas, después de repetirse en sus frustraciones.
Economía formalizó la emisión de 700 millones de letras del Tesoro. Esos fondos serán destinados a cumplir con los proveedores, pues los recursos habituales están monopolizados en las obligaciones salariales. Esta partida en marzo superó los 1.300 millones. Casi no quedan recursos para otros compromisos.
El primer trimestre –con la incidencia de la primera parte de los acuerdos con los gremios– significó un alza cercano al 40% en referencia al 2015. A mediados de año rondará el 50% cuando se aplique el resto de los incrementos acordados. La presión se siente. Es el último día del mes y Economía aún no anunció el pago de abril, que iniciaría entre 4 y 5.
El gobernador Weretilneck es consciente del corsé salarial, pero no dispone de la decisión política, y tampoco de la herramienta para su reformulación. El mejoramiento de las Juntas Médicas ofrecería un mínimo control, pero esas áreas –cuando existen– continúan con sus históricas deficiencias.
La Secretaría de la Función Pública expone rebotes recién cuando refresca datos preocupantes. El último pago de guardias médicas ascendió a 60 millones mensuales. Volvió a crecer en cantidad después de un pequeño declive en el último trimestre, producto de una ocasional revisión de las tareas en los hospitales. Salud convocó para el 11 de mayo a los directores con el repetido objetivo de la optimización de los recursos humanos.
El Poder Judicial evidenció la mayor suba interanual en las erogaciones salariales, con casi un 51%. Un parcial argumento explica esa evolución en el armado de la estructura para el nuevo sistema procesal penal, que se aplicará a partir de marzo próximo.
Hay precariedad en ese preparativo. La Justicia demostró su impericia cuando solicitó y logró esta semana una ley especial para apartarse de las tradicionales exigencias legales y, por el contrario, quedar facultada a contrataciones directas de personal, bienes y obras públicas. En pleno, la Legislatura facilitó –sin reparos– ese mecanismo, tan excepcional y, ciertamente, objetado por los mismos hombres de la Justicia. En el 2011, la ley N° 4716 otorgó un mecanismo similar en favor de Obras Públicas para arreglos en las escuelas. Aún hoy hay procesos e imputaciones en los tribunales a funcionarios –entre ellos, el exsecretario Marcelo Catini– por uso y por abuso de esas facultades excepcionales.
El gobernador presentó el proyecto y así hizo suya la pretensión del STJ, a pesar de que ese cuerpo tiene derecho de “iniciativa legislativa”. Esa ofrenda política de Weretilneck no será gratis y los jueces bien lo saben.
La cuenta regresiva hacia el nuevo sistema penal se inició en diciembre del 2014 cuando se aprobó la ley Nº 5020. Pasaron 16 meses. La previa es muy superior si se considera que el debate fue anterior y, además, la fecha de implementación fue propuesta por el STJ.
La presente “emergencia” administrativa de la Justicia –cuya definición se evitó en el texto de la ley– quedó expuesta en el relato del Administrador General, Sergio Baroni. Su profesión: ingeniero de sistemas. Esa elección revela que los jueces entienden que hoy esa función y sus dificultades no pasan por los números.
En Constitucionales, Baroni contó que el presupuesto del 2015 preveía 137 millones para compras de bienes y construcciones, pero se gastaron 98 millones. Sobraron 28% de lo programado. Otro elemento en igual sentido. Se generaron 351 expedientes para contrataciones. Sólo la mitad –176– se completaron y el 25% “fracasaron” directamente. La enumeración de Baroni se encuadró en la necesidad de un sistema más ágil, pero la exposición descubrió las deficiencias del Poder. En todo el Estado hay muestras de esas complejidades y dificultades, amparadas en garantías de control y transparencia, casi siempre figuradas. Su reforma ya es una insistente promesa pero, por lo pronto, los legisladores despojaron a la Justicia de sus apremios administrativos.
En noviembre, la Procuradora reclamó por sus peripecias y exhibió llamativas negligencias. Contó de un inmueble en San Antonio sin utilizar a la espera de las conexiones de fibra óptica y de otro en Regina sin ocupar por falta de refacciones. Hace un año que se pagan ambos espacios ociosos. Y todo sigue igual.
Desde hace 14 meses sigue estacionada, sin uso, una combi morguera, donada por el Consejo Nacional de Procuradores. El Poder no ha logrado todavía comprar guantes y bolsas para su provisión mínima.
La Justicia rionegrina, ensimismada en sus pobres trifulcas supremas, no resolvió sus carencias internas. Y buscó la colaboración ajena.
