Aval legislativo para devolver zona desfavorable

Marcelo Ochoa

La masa salarial de Río Negro se incrementará en siete millones mensuales

VIEDMA (AV).- El Ejecutivo provincial ya cuenta con la ley que lo habilita para restituir el beneficio por “zona desfavorable” a los trabajadores estatales a los que se les había quitado años atrás y quienes podrán percibirlo con los salarios de julio. Ahora, deberá junto con los gremios, analizar cómo se implementa progresivamente, en función de que en estos primeros meses, no signifique más de 7,8 millones de pesos mensuales en la masa total.

Por otro lado, en primera vuelta se aprobó el proyecto para prohibir en Río Negro la instalación y funcionamiento bajo cualquier modalidad de whiskerías y cabarets.

La iniciativa dispone la clausura y cierre definitivo de los locales que permitan que sus propietarios o administradores obtengan un lucro por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros, hayan aquellos prestado o no su consentimiento. Sus autores, Susana Diéguez y Arabela Carreras coincidieron en que el proyecto pretende combatir el proxenetismo y no la prostitución.

Ayer, el parlamento rionegrino, aprobó por unanimidad en única vuelta –ya que el proyecto era del Ejecutivo y con acuerdo de ministros– la iniciativa que establece el pago del adicional por ubicación en “zona desfavorable” para los agentes comprendidos en el Régimen Retributivo Transitorio (ley L Nº 3.959) y los Escalafones Sanitario (ley L Nº 1.904) y Penitenciario (ley S Nº 4.283).

El Consejo Provincial de la Función Pública determinará pautas y cronograma para esa percepción, que no podrá exceder los 24 meses desde la entrada en vigencia de la ley.

En la sesión desarrollada ayer, se dio un interesante debate, que comenzó con la exposición de Pedro Pesatti, presidente del bloque del Frente para la Victoria, quien como miembro informante destacó que “la norma restituye un derecho y repara las situaciones y momentos que les tocaron vivir a los empleados estatales en las últimas décadas”.

Expresó que constituye un paso importante en función del compromiso que el gobierno actual tiene “de reconstruir la carrera del trabajador estatal sobre la base del mérito, de la idoneidad, igualdad de oportunidades”.

Informó en el recinto que este derecho involucra a 16.131 empleados que hoy no cobran la bonificación que el resto de los empleados sí está cobrando, y por lo cual, “hay una situación de desigualdad que estamos buscando reparar con esta ley”.

Calculó que demandará una erogación mensual de 7,8 millones lo que a fin de año representará 51 millones de pesos. El costo final, cuando se cubra al 100%, significará 30 millones de pesos por mes.

A su turno, Francisco González, de la Concertación, explicó el motivo de la suspensión por parte del gobierno radical de ese haber en 2005, pretendiendo justificar la decisión política, para lo que afirmó que los sueldos subieron un 60%.

La respuesta de los legisladores oficialistas no se hizo esperar. Ricardo Arroyo afirmó que “aunque se intente disfrazar, hubo una ley que quitó un derecho” y que las finanzas del Estado provincial del 2003 al 2011 fueron consecuencia de los años anteriores que gobernó el mismo partido.

Magdalena Odarda dijo que el proyecto “tiene su base en la lucha de los trabajadores y dirigentes gremiales de esta Provincia”.

El sí legislativo fue unánime para la zona desfavorable. Fue un proyecto del Ejecutivo con acuerdo de ministros.