Avanza la investigación por el Plan Jefes

La Justicia Federal citó a declarar a dos funcionarios municipales de Cervantes





CERVANTES (AR).- Después del allanamiento a la Municipalidad de Cervantes, la Justicia Federal avanza en la investigación por las presuntas irregularidades en el manejo del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.

En las últimas horas se pidió mayor documentación a la Subsecretaría de Trabajo de Río Negro, al Banco Nación y citaron a declarar a dos funcionarios de la comuna.

Los registros secuestrados el miércoles en el municipio llegaron el jueves a manos de la jueza María del Carmen García, quien luego de analizarlos libró diversos oficios para reunir mayores datos que permitan corroborar la veracidad de los hechos denunciados por el abogado roquense Rodolfo Ponce de León.

Cabe recordar que el letrado inició a título personal una acción penal, advirtiendo la posibilidad de ilícitos en la administración que la comuna cervantina hizo del programa de asistencia lanzado meses atrás por el gobierno nacional.

Entre los hechos investigados se encuentra la existencia de familiares de empleados municipales como beneficiarios y la sospechosa imposibilidad de cobro para vecinos inscriptos a comienzos del plan y que todavía no recibieron un peso de los 150 mensuales previstos.

Recibidos los documentos secuestrados por la Policía Federal, el juzgado federal roquense elevó ahora un pedido de informes a la titular de Trabajo en la provincia, Ana Piccinini, dado que en la municipalidad indicaron que parte de la información requerida por la magistrada había sido enviada a la capital provincial.

Pidieron los recibos firmados

En tanto, las autoridades locales del Banco Nación también recibieron una notificación de la justicia, en la que se solicitan diversos recibos firmados por personas que se presentaron en ventanilla para cobrar el plan.

Esto ayudaría a comprobar si las personas sindicadas como beneficiarios irregulares realmente percibieron los 150 pesos cuando no les correspondía por estar fuera de los límites fijados por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

La tercera medida ordenada desde los tribunales roquenses, que se encuentran ubicados en San Martín y España, fue la citación a prestar declaración explicativa de dos funcionarios municipales relacionados con la administración del programa en la localidad.

Sus nombres no trascendieron, aunque se espera que se presenten ante la jueza García entre hoy y mañana.


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