Avanza ley para refinanciar deudas comunales
Obtuvo dictamen favorable en una comisión del Senado
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió dictamen favorable al proyecto de ley que refinancia las deudas de los municipios contraídas con «organismos multilaterales de crédito».
El proyecto autoriza al «Poder Ejecutivo» a «convenir con las provincias la refinanciación de los préstamos subsidiarios, originados en programas con financiamiento de Organismos Multilaterales de Créditos». La iniciativa se refiere a los préstamos que «se encontraren vigentes al 1 de enero de 2002 y pendientes de cumplimiento a la fecha de promulgación» de la ley.
La refinanciación «tendrá un plazo mínimo de dieciséis años, con tres años de gracia». En ella quedan comprendidos «los vencimientos de los servicios de los créditos de que se trata entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de octubre de 2004, correspondientes a desembolsos efectuados con anterioridad a la fecha indicada en primer término, que no hayan sido cancelados hasta el día de la publicación» de la norma en el Boletín Oficial.
El dictamen, también, contempla que «el desfasaje financiero que se genere como consecuencia será afrontado inicialmente por el Tesoro Nacional y reintegrado por las provincias en las condiciones que se acuerden en la moneda de origen y con garantía de los recursos de la coparticipación federal de impuestos».
Al respecto, el senador radical Ernesto Sanz adelantó el respaldo de su bancada a la iniciativa, aunque fue pesimista en cuanto al tratamiento del proyecto porque consideró como poco probable que el sentido del mismo sea del agrado del Poder Ejecutivo. El proyecto tuvo origen y cuenta con media sanción de Diputados.
En tanto, ayer, por la comisión, también, pasó el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, quien explicó partes del denominado Paquete Antievasión II. Según el funcionario, el proyecto, que apunta a aspectos impositivos, dispone el secuestro y decomiso de mercadería no documentada, la creación de un domicilio fiscal electrónico de carácter optativo, y la instauración de la figura del inspector fedatorio (una especie de agente encubierto que al detectar venta de mercadería en negro y procede a sancionar).
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