Avanza una investigación contra el ministro De Vido

El gobierno de Néstor Kirchner deberá remitir a la Justicia, con carácter «urgente», los decretos presidenciales y las resoluciones ministeriales atinentes al «Lanzamiento del Gasoducto del Noreste Argentino» (GNA), los cuales fueron requeridos para avanzar en una causa en la que está imputado el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

El juez federal subrogante Marcelo Martínez De Giorgi libró un oficio al secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, en el que solicitó la «urgente remisión» de documentación relacionada con el GNA, y reclamó al titular del Enargas, Juan Carlos Pezzoa, copias del expediente administrativo sobre la obra.

De acuerdo con la información suministrada a DyN por fuentes judiciales, el juez también requirió al secretario de Energía, Eduardo Cameron, fotocopias certificadas de documentos «relativos al GNA».

El «Acuerdo Federal para el Lanzamiento del Gasoducto del Noreste Argentino» fue suscripto el 24 de noviembre de 2003 por representantes de la administración Kirchner y de los gobiernos de Salta, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Santa Fe, así como del grupo inversor Techint.

La adjudicación a la empresa Tecpetrol, que integra Techint, fue cuestionada ante la Justicia porque no hubo licitación pública que respaldara la contratación. Tecpetrol, además, obtuvo la concesión para el transporte de gas desde la frontera con Bolivia hasta la finalización de la traza del gasoducto, pese a que la ley 24.076 «impone una serie de incompatibilidades entre las actividades de producción, distribución y transporte del gas», refiere el expediente del caso.

De Vido y los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán; de Chaco, Roy Nikish; de Misiones, Carlos Rovira; así como los ex mandatarios de Corrientes, Horacio Colombi; de Santa Fe, Carlos Reutemann, y el ministro de Gobierno salteño, Víctor Brizuela, habían sido sobreseidos en primera instancia pero la Cámara Federal porteña revocó esa medida. La sala II de la Cámara, en mayo pasado, ordenó al juez subrogante profundizar la investigación y señaló que, principalmente, se debe analizar la intervención de Tecpetrol y la implementación, en la operación, de un mecanismo tarifario que le permitiría a Techint obtener un retorno anual real, en dólares, del 12 por ciento sobre la inversión en el gasoducto. (DyN)