Baños fue a la Justicia por el complot para matarlo

El juez de instrucción Alberto Baños ratificó ayer ante la Justicia el insólito caso de un preso que le confesó haber sido «arreglado» por sus carceleros para matarlo.

Baños prestó declaración como testigo en la causa abierta a pedido de la fiscal Ana Cristina Yacobucci y tramitada por la jueza Susana Vilma López, y se retiró de los tribunales por una puerta lateral y fuertemente custodiado por policías.

«Parece que sí», había expresado escuetamente el magistrado por la mañana, cuando se le preguntó si había avanzado mucho en la pesquisa sobre la presunta corrupción en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde se permitiría la salida de presos para cometer delitos a cambio de dinero.

El magistrado escuchó esta semana cómo un recluso declaraba ante él haber sido «arreglado» por el SPF para asesinarlo, para lo cual el detenido realizó unas tareas de seguimiento con datos que el juez consideró ciertos.

El recluso, cuya identidad no fue difundida, prestaba declaración en el marco de la causa abierta por el asalto de hace un año al restorán Dolli, en Palermo Chico, donde murió un policía y habrían actuado delincuentes que se suponía debían estar en prisión.

El ministro de Justicia de la Nación, Ricardo Gil Lavedra, ordenó ayer el regreso inmediato al país de la secretaria de Política Penitenciaria, Patricia Bullrich, quien se encontraba junto con él en Austria en el marco de un congreso sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente coordinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«La hipótesis de que había un grupo trabajando de manera ilegal es muy firme, tiene coherencia, y es lo que vamos a investigar, vamos a ver qué sucede en el presente», expresó Bullrich antes de emprender el regreso desde Europa.

«Esto significa tomar medidas muy inmediatas en el marco del Servicio. Voy a hablar con el ministro y si hace falta con el Presidente de la Nación», había dicho por la mañana Bullrich.

La funcionaria recordó que «en el 98 se investigó si había un grupo trabajando de manera ilegal en la cárcel de Caseros» y que «después se dispuso el traslado de 42 personas que se considera que cometían irregularidades en esa cárcel».

El subsecretario de Política Carcelaria, Juan López, confirmó que ayer se encontraron tres armas de fuego «en un sector clausurado» de Caseros.

«En Caseros pasa de todo; en el pabellón 18 hay tres armas escondidas», había expresado el lunes el preso-testigo que reveló a Baños el supuesto complot para matarlo, plan que también incluía un atentado contra la vida de la secretaria que instruye la causa en su juzgado, María Fernanda Martínez.

El funcionario inmediatamente inferior a Bullrich destacó que Baños «tiene datos objetivos» para sustentar la presunta existencia del complot en su contra. «Las armas están, y alguien estuvo mirando lo que el juez hacía; estuvieron en su casa y en su barrio. Son datos que merecen atención», sostuvo López, quien añadió que si de la pesquisa «surge alguna responsabilidad, se tomarán las medidas que correspondan», entre las cuales mencionó «el pase a disponibilidad» del titular del SPF, Alfredo Ayala.

«Toda la dirección del Servicio Penitenciario está siendo observada. Es un procedimiento de rutina desde que se inició este gobierno», agregó López.

Respaldo de jueces

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó ayer su «más vehemente repudio ante la existencia de actos intimidatorios de los que vienen siendo objeto el Juez Nacional en lo Criminal de Instrucción Alberto Baños y la Secretaria del Tribunal, María Fernanda Martínez».

«Actos de esta naturaleza -dijo la Asociación en un comunicado firmado por su presidente, Raúl Madueño- pretenden condicionar el normal desempeño de las funciones constitucionales». El juez Baños efectuó una denuncia ante su colega Vilma López para que investigue si hay una conspiración para matarlo y si miembros del Servicio Penitenciario Federal dejan salir a los presos para delinquir. (DyN)