Violencia laboral: trasladan a 10 empleados

Los trabajadores denunciaron a una funcionaria municipal por maltrato laboral. La Oficina de Empleo y Pymes no atiende al público desde hace más de un mes.

Juicio de responsabilidad contra una funcionaria de Gennuso

El Tribunal de Contralor inició un juicio de responsabilidad contra la subsecretaria de Empleo y Pyme de Bariloche, Etel Outeda, a fin de investigar las denuncias de 10 empleados del área por violencia laboral.

La funcionaria investigada ya fue notificada y cuenta con un plazo de 5 días para presentar su descargo y “ofrecer pruebas en su defensa”.

La oficina municipal de Empleo y Pyme no atiende al público desde fines de abril, cuando el sindicato Soyem denunció que los trabajadores estaban “con licencia psicológica debido al maltrato laboral por parte de la funcionaria a cargo del área”.

En primer lugar, nueve empleados presentaron la denuncia. Luego, se sumó una nueva adhesión y otros tres empleados ratificaron las situaciones de violencia laboral.

Ante la conflictiva situación, el Ejecutivo Municipal dispuso el traslado de los 10 agentes a otras reparticiones municipales, “manteniendo su categoría, remuneración y las condiciones de trabajo”. Esta resolución del 30 de mayo hace referencia a la ordenanza de Prevención y Erradicación de la violencia laboral que obliga al estado “a adoptar medidas necesarias para hacer cesar las situaciones de eventual disyuntiva”.

De esta forma, el Ejecutivo, a cargo de Gustavo Gennuso, se anticipó a la decisión del Tribunal de Contralor que recién ayer poco después del mediodía, publicó la resolución respecto al inicio de un juicio de responsabilidad.

La única diferencia que se suscitó entre los integrantes del Tribunal de Contralor fue respecto a la decisión de trasladar a otras áreas a los empleados que efectuaron la denuncia y no apartar a la funcionaria investigada mientras dure el juicio de responsabilidad.

No hay paridad entre los trabajadores y el superior jerárquico. Según el dictamen del instructor sumariante que es quien tiene la facultad de investigar y recolectar pruebas, están acreditados los hechos de violencia laboral. Ante esto, mi planteo es que debe cesar el clima hostil que atenta contra los 10 trabajadores. El apartamiento no es un prejuzgamiento de la funcionaria. Además, la voluntad de los trabajadores que pidieron el pase puede estar viciada ya que esto se solicitó en el marco de una situación de violencia laboral”, señaló la vicepresidenta del Tribunal de Contralor, Julieta Wallace.


El Tribunal de Contralor intervino en caso de maltrato laboral

El presidente del organismo explicó que este viernes, analizarán cada una de las denuncias contra la funcionaria Etel Outeda.

El Tribunal de Contralor ya tomó intervención respecto a la denuncia de los empleados municipales de la Oficina de Empleo contra una funcionaria del intendente Gustavo Gennuso por maltrato laboral.

Desde el Soyem, confirmaron que ya son 15 los empleados municipales de esa oficina municipal con licencia psicológica “a causa del maltrato laboral por parte de Etel Outeda, subsecretaria de Empleo y Pymes de Bariloche”. También confirmaron que desde el lunes, no hay actividad en la Oficina de Empleo del municipio.

Julieta Wallace, del Tribunal de Contralor, explicó que el apartamiento preventivo de un funcionario está previsto como medida precautoria. “La ordenanza 2245 del 2011, de Prevención y Erradicación de la violencia laboral en el ámbito del municipio marca dos posibilidades: el traslado del empleado que, en este caso, son todos o bien el apartamiento del funcionario denunciado. Por otro lado, al tratarse de un funcionario, interviene el Tribunal de Contralor”, aseguró Wallace.

DeBariloche intentó comunicarse con Outeda pero simplemente aseguró que “aún no le llegó la denuncia” y que “estaba muy ocupada”.

El presidente del Tribunal de Contralor, Damián Fuentes, aseguró que en el transcurso de la mañana, “definirán el procedimiento” y que ya cuentan con la denuncia elevada por el personal afectado y la del Soyem y la presentación de la defensora del Pueblo de Bariloche, Andrea Galaverna.

“Con toda esa documentación, en la mañana analizaremos la facultad del Tribunal para llevar adelante la investigación”, subrayó Fuentes.


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