Bariloche crearía una tasa destinadas a políticas sociales

El nuevo canon sería una imposición obligatoria sobre el consumo eléctrico y ayudaría a los sectores vulnerables.



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Si el Concejo Municipal aprueba la nueva tasa, atendería problemas de niños y jóvenes.

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SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El proyecto del Ejecutivo local para crear una tasa especial destinada a reforzar las políticas de “desarrollo y promoción social” ya está en manos de los concejales, que le darán ingreso formal en la sesión de hoy. La propuesta prevé alcanzar a todos los contribuyentes con una imposición obligatoria, proporcional con su consumo eléctrico (como ocurre desde hace una década con la tasa de bomberos) y que fluctuaría entre los 2 pesos y los 200 pesos mensuales. La estimación es que el fondo reúna unos 500 mil pesos por mes y serán orientados a atender las situaciones de “vulnerabilidad social”, especialmente de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El proyecto ya había sido anticipado en su discurso de apertura del año legislativo por la intendente provisoria María Martini, quien lo presentó como uno de los puntos emblemáticos de su gobierno de transición. Según el texto en análisis, la administración del fondo quedará a cargo del Ente Mixto de Promoción y Desarrollo Social (Emprodes), un organismo autárquico cuyo directorio tendrá presencia pública y privada, bajo el modelo del Emprotur. En el caso de los contribuyentes residenciales, la tasa variará entre un piso de 2 pesos y un tope máximo de 20 pesos. Una familia tipo, cuyo consumo de electricidad no supere los 300 kV/h mensuales, pagará 14 pesos. Los comercios y empresas tendrán una imposición mínima de 44 pesos y la tasa llegará a los 200 pesos por mes para las mayor envergadura y facturación. Si el proyecto es aprobado como lo redactó el Ejecutivo, la presidencia del Ente quedará a cargo del secretario de Desarrollo Humano del municipio. El directorio se completará con un segundo miembro por el Ejecutivo, dos por el Concejo, uno por la provincia, dos de la Cámara de Turismo y tres provenientes de organizaciones sociales que formen parte del Consejo para la Protección Integral de la niñez y la adolescencia. El objetivo declarado en los fundamentos del proyecto es el de afrontar las situaciones de pobreza, que configuran “una problemática de índole estructural, multicausal y compleja”. También se propone llevar a la práctica “la articulación tan citada entre Estado, sociedad civil y sector privado”. Los ediles decidieron darle una “ruta” legislativa que comprende tres comisiones, además del obligado dictamen de asesoría letrada.


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