Bariloche en la trama de una investigación por una obra nacional

Se trata del Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos por los cuales hacia fines del año pasado se procesó a los exjefes de Gabinete, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, entre otros.





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Durante la intendencia de Goye se firmó el plan para la planta de tratamiento que se ejecutó durante la gestión de Martini.

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La transferencia de fondos nacionales es lo que se investiga.

Bariloche es uno de los 121 municipios que se incluyó en la investigación por irregularidades en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) durante el período de 2013 a 2015 cuando en esta ciudad se realizaba la obra de la planta de tratamiento de residuos.

La causa judicial la lleva adelante el juez en lo Criminal y Correccional N° 11 Claudio Bonadío quien por esta investigación hacia fines del año pasado procesó a los exjefes de Gabinete, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, además de siete exfuncionarios.

No hay intendentes procesados pero este año Bonadío retomó la causa para avanzar con la investigación y citó a lo largo de los próximos meses a casi un centenar de intendentes para que presten testimonio por las obras realizadas en sus ciudades.

La situación de cada ciudad es distinta. Hay casos en los que se encontraron registros de transferencias de fondos para obras que no están, otros con faltante de documentación y casos en los que a simple vista estaría todo en regla.

En la investigación se da cuenta de que Bariloche recibió dos transferencias de fondos como parte del expediente 8426/12 del programa GIRSU. Ese plan fue firmado por el exintendente Omar Goye en septiembre de 2012 con el exministro de Turismo, Enrique Meyer, pero la ejecución de la obra se realizó en la gestión de María Eugenia Martini y el centro ambiental con el equipamiento para separar los residuos lo inauguró la exintendenta.

Según el expediente, el 16 de abril de 2013 Bariloche recibió la transferencia de 2.595.395,90 pesos por el equipamiento para la recolección de residuos sólidos urbanos. Luego, el 19 de diciembre de 2014 recibió otros 3.110.875 pesos como un segundo desembolso. No se precisa si en estos casos hay alguna irregularidad.

De la región solo se señala que el municipio de Pilcaniyeu, por otro expediente vinculado al programa GIRSU, recibió 200.000 pesos para la compra de un camión pero “no hay fecha” de la transferencia.

Medios nacionales informaron días atrás que por esta causa deberá declarar ante el juez Bonadío el exintendente Omar Goye quien habría sido citado para el 4 de septiembre. Cabe mencionar que en el período investigado Goye ya no era intendente en Bariloche por eso este diario intentó confirmar la citación con la Justicia Federal pero no obtuvo respuesta.

Según se informó meses atrás los intendentes de diversas ciudades del país fueron citados porque el exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su declaración ante el juez planteó que los responsables de la ejecución de las obras eran los jefes comunales. La Justicia investiga la falla en controles internos porque se estima que en un 75% de los casos de los fondos transferidos a municipios, hubo irregularidades con las obras.

La causa fue iniciada por el ministerio de Ambiente de Sergio Bergman, por presuntas irregularidades en la rendición de los $600 millones del programa GIRSU.

Otra causa federal

En otra causa federal que investiga el juez Claudio Bonadío también está involucrada Bariloche. Se trata del caso del desvío de fondos del dinero transferido por Nación para la construcción de viviendas del plan Techo Digno.

Por esa situación el año pasado la exintendenta María Eugenia Martini remitió documentación y se presentó en el Juzgado porteño para aclarar cómo fue la operatoria por la cual esos recursos habían sido utilizados por el municipio para gastos corrientes. Martini antes de dejar su gobierno no restituyó esos fondos a la cuenta y tampoco lo hizo su sucesor Gustavo Gennuso quien denunció el hecho.

Datos

La causa fue iniciada por el ministerio de Ambiente de Sergio Bergman, por presuntas irregularidades en la rendición de los $600 millones del programa GIRSU.

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