Bariloche polemiza por transgénicos

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- En el Ejecutivo municipal están convencidos de que la derogación de la ordenanza que los obliga a identificar los productos transgénicos es la única salida posible ante el emplazamiento que les impuso el STJ para que cumplan con la norma.

El director de Inspección General, Jorge Layana, aseguró ayer que tienen «limitaciones operativas insalvables» para llevar a la práctica la ordenanza sancionada hace ya cuatro años, por la cual en todos los comercios se debería exhibir el listado de alimentos a la venta que contienen sustancias genéticamente modificadas.

El 20 de marzo el STJ falló en favor de un recurso de amparo presentado por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) que denunciaba el incumplimiento de la normativa.

Luego de analizar las excusas del municipio, los jueces señalaron en su sentencia que «ningún fundamento válido sustantivo surge de las reiteradas manifestaciones sobre la imposibilidad de cumplimiento (de la ordenanza) que sea jurisdiccionalmente atendible».

Layana no ocultó su disgusto con la sentencia y recordó que «los que están hablando son jueces que piden autos de más de 100 mil pesos». No obstante, aclaró que «nadie pone en cuestión el derecho a la información del consumidor, pero un municipio no puede hacer otra cosa que seguir la legislación nacional, donde no hay por ahora ninguna obligación a identificar los transgénicos».

El fallo del máximo tribunal emplaza al municipio a cumplir lo ordenado en un plazo de 90 días, que vencería en junio próximo. Layana consideró que lo más razonable será «reiterar el pedido a los ediles para que deroguen la norma, porque es inaplicable».

En el Concejo la cuestión está lejos de generar movilización alguna. Desde hace al menos ocho meses la comisión de Gobierno y Legales tiene bajo análisis un proyecto del intendente para «suspender» la normativa, que está trabado porque no encuentra consenso entre los ediles.

El titular del bloque radical, Fernando Martín, admitió ayer que entre sus pares hay criterios contrapuestos en torno al tema. A juzgar por los dichos de Layana, podría esperarse que en los próximos días sea el intendente Icare quien promueva entre los ediles oficialistas la derogación de la ordenanza.

En ese caso quedaría expuesto seguramente a dar las razones de su cambio de posición, ya que cuando era concejal Icare voto en favor del proyecto.

Para poner en evidencia la falta de voluntad del Ejecutivo, el grupo CEDHA presentó una propuesta de reglamentación de la ordenanza y también se ofreció para colaborar en la búsqueda de información y elaboración de los listados.

Sugirió relevar datos de la SAGPYA y solicitar por nota a las empresas productoras de alimentos que especifiquen qué producto tiene componentes transgénicos. Con esa información se podría elaborar un listado que constaría de cuatro categorías: alimentos transgénicos comprobados, alimentos probablemente transgénicos, alimentos posiblemente transgénicos y alimentos libre de contenidos transgénicos.

El CEDHA consideró que la derogación de la ordenanza no haría más que facilitarle las cosas a las corporaciones que venden transgénicos, «ya que la situación que más las favorece es la desinformación de la población».

Layana aseguró que pidieron listados de transgénicos a los organismos oficiales «y comunicaron que no los hay». Sólo aportaron qué semillas han sido tratadas genéticamente.

Aseguró que comunicarse con todas las empresas productoras de alimentos «es una tarea imposible de abordar, aun destinándole todos los recursos del área de Inspección General».