Bariloche tiene nueva clasificación hotelera

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Concejo Municipal aprobó ayer la ordenanza que establece un nuevo esquema de clasificación por tipo y categoría para los alojamientos turísticos radicados en todo el ejido barilochense.

Según su autor, el concejal radical Hugo Cejas, la normativa era indispensable para actualizar la regulación vigente desde 1980 y ayudará a «jerarquizar» la oferta hotelera de la ciudad.

Los establecimientos que soliciten habilitación de aquí en adelante deberán ajustar sus características a los nuevos parámetros y los que ya están en funcionamiento tendrán que adecuarse «en un plazo no mayor a tres años».

Cuando no puedan, por razones físicas, cumplir con los requisitos «dimensionales», tendrán que compensarlos con la calidad en equipamiento y servicios.

El proyecto fue aprobado con apoyo unánime del radicalismo y parcial del bloque Encuentro. El concejal Diego Breide (Encuentro) votó en contra y Sandra Guerrero (MARA) rechazó sólo algunos artículos y anexos.

El texto definitivo establece cinco tipos de alojamiento: hoteles, apart hoteles (incluye cabañas y bungalows), bed & breakfast (incluye residencial u hospedaje), albergues y campings.

A su vez, los tipos hotel y apart hotel serán categorizados de acuerdo a la tradicional escala de una a cinco estrellas, que identificará «la complejidad de la infraestructura y de los servicios disponibles en los establecimientos».

La norma crea también un «registro de Empresas Explotadoras de Casas y Departamentos Turísticos», con una exhaustiva regulación para esa modalidad.

 

Para realizar trámites

 

El extenso articulado establece además los requisitos para tramitar la habilitación turística de un establecimiento, la modalidad de relación con los clientes, la obligatoriedad de declarar las tarifas ante la secretaría de Turismo y el régimen de sanciones a los infractores.

Cejas dijo que Bariloche, como centro turístico internacional, necesitaba un nuevo sistema de clasificación como el propuesto porque el alojamiento turístico es «un componente clave» de la actividad, al punto de que los pasajeros «pasan allí el 41,66 por ciento» del tiempo total de su viaje.

Subrayó también la urgencia por «orientar» el incremento fenomenal de las inversiones en nuevos alojamientos.

Según Cejas, en 2000 Bariloche contaba con un total de 307.432 metros cuadrados cubiertos de oferta alojativa y sólo el año pasado se presentaron proyectos para construir otros 45.553 m2 nuevos.

«Si esas inversiones hubiesen contado con esta orientación, hoy tendrían la jerarquía que estamos nece

sitando para nuestra oferta hotelera», manifestó Cejas.

Aseguró que la ordenanza representa «una ventaja para el turista, porque los parámetros que se aplicarán ahora son similares a los del resto del mundo», de modo que «no se verá decepcionado» con los servicios que contrate. Apuntó que contribuirá además a «plantear reglas claras al inversor».

La lectura y el debate del proyecto se extendió más de tres horas y fue seguido apenas por un par de dirigentes de la Asociación Hotelera. Llamó la atención -en cambio- que no estuviera el secretario de Turismo, Guillermo Estévez, ni ningún otro funcionario del área.

La concejal Guerrero dijo compartir el planteo de una «reforma estructural» del sistema de categorización hotelera, pero discrepó con el escaso tiempo otorgado a su tratamiento. Cuestionó puntualmente el artículo 11, que creó la figura de la «habilitación en trámite» y permitirá abrir establecimientos por un lapso de tres meses renovables cuando su propietario no obtenga el permiso municipal a tiempo.

Por su parte, Diego Breide (Encuentro) también se quejó del «apuro» exhibido por el oficialismo para sancionar la ordenanza y consideró que hubiera necesitado «un par de reuniones más» para revisar exhaustivamente el texto.

Entre otras cosas, criticó que el proyecto hable indistintamente de «clasificación» y «categorización» hotelera cuando son conceptos distintos.

También objetó que el texto habilite a desalojar a un cliente cuando el dueño de un establecimiento considere que su comportamiento atenta «contra la moral y las buenas costumbres».