La Justicia ordena una docente integradora para una alumna de secundaria
El caso llegó a la Justicia porque Ipross y el Ministerio de Educación no resuelven hacerse cargo. Podrían ser multados ambos organismos.
La jueza de Familia Marcela Pájaro ordenó al Estado provincial a disponer de una maestra integradora o maestra de apoyo para la inclusión para acompañar el proceso de aprendizaje de una alumna de la secundaria.
La familia de la joven llevó el caso a la Justicia a través de una acción de amparo y la jueza fijó un plazo de cinco días escolares hábiles para que la obra social estatal Ipross o el Ministerio de Educación, de modo indistinto y solidario, cumpla la medida.
En caso de incumplir se pondrá en conocimiento del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Río Negro, y se fijará una multa diaria y acumulativa de $ 1.500 a favor de la amparista a cargo del Estado provincial. También se establecieron 10 días para informar respecto de la resolución del asunto, identificar a la persona a cargo de la tarea y sobre qué organismo recaerá la prestación.
La alumna comenzó este año a cursar el primer año del nivel medio en turno mañana y en el EFI -continuación de la Escuela Especial N° 6- por la tarde. La estudiante presenta discapacidad moderada y epilepsia, sin embargo Ipross negó la cobertura de un apoyo educativo en esta etapa educativa.
La jueza puso el foco en la disputa entre los dos organismos del Estado (Ipross y Ministerio de Educación) para la cobertura de un docente de apoyo. “Es inaceptable que las complejidades burocráticas entre organismos sea descargada sobre el amparista, padre de una adolescente con discapacidad, que es quien debe hacerse cargo de sortear los enmarañados caminos de la burocracia”, señaló Pájaro.
La magistrada indicó que “la escolaridad no puede escindirse ante el cambio de etapa, y que deberían ser los propios organismos quienes articulen la solución que la adolescente y su familia están demandando, en lugar de obligarlos a peregrinar por reparticiones públicas en busca de respuesta”.
La jueza en la resolución del amparo citó premisas del Comité de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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