La tasa ya no existía pero igual se cobraba

El nuevo Código de Edificación municipal fue aprobado en 2013, pero el municipio tardó más de cuatro años en ponerlo en práctica. Durante ese lapso exigió requisitos y trámites que ya no existían e incluso cobró un derecho de construcción que había sido expresamente derogado.

A pesar de esas irregularidades, que fueron denunciadas por un arquitecto particular y también por el Colegio que los agrupa, el Tribunal de Contralor decidió no aplicar sanción alguna.

Luego de una investigación que se prolongó por más de un año, el organismo fiscalizador concluyó que el reclamo se había tornado “abstracto” (porque la ordenanza está en vigencia desde agosto) y evaluó que “el tipo de situaciones fácticas” que se dieron en la implementación del nuevo Código son “las que usualmente caracterizan los procesos de transición”.

Aun así, la resolución no ahorra críticas a la conducta seguida por el Ejecutivo. Calificó de “insólita” la demora en aplicar la nueva regulación y admitió que “no es razonable en absoluto que una ordenanza se dicte y promulgue en 2013 y se ponga en práctica casi cuatro años después”.

Insistió en que el tiempo transcurrido resulta “inaceptable” y que ese amplio plazo generó “inseguridad jurídica a los ciudadanos”.

Según el Tribunal, se dio así una situación “indeseable, que debe tenderse a evitar en el futuro”.

Luego de incluir esos párrafos entre los “considerandos”, el Contralor evita tomar cualquier decisión concreta. En la parte resolutiva apenas dispone “hacer saber el temperamento adoptado”, sin perjuicio de su publicación, y “archivar las actuaciones”, sin perjuicio de los derechos que puedan esgrimir aquellos que crean haber realizado un pago indebido y que “han de plantearse del modo y ante quien corresponda”.

“Partícipe necesario”

El primer denunciante e impulsor de la investigación fue el arquitecto Raúl Martiniau. La resolución fue emitida a mediados de febrero. Consultado ayer por este diario, Martiniau consideró -luego de leerla- que la resolución colocaba al Tribunal como “cómplice y partícipe necesario” de una grave irregularidad.

Subrayó también que la demora de la investigación “permitió que se siguiera cobrando por afuera de la ley”.

Pero señaló que no quería decir nada más y que había remitido el texto a la asesoría legal del Colegio de Arquitectos para que elabore una respuesta acorde.

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