Lozada: “se repudia el terrorismo de Estado hoy igual que ayer”

El fiscal de Cámara Martín Lozada cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que concedió el beneficio del cómputo de la pena conocido como “dos por uno” a un condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Luis Muiña está acusado por los hechos del 28 de marzo de 1976 cuando un operativo militar irrumpió en el hospital Posadas y detuvo a personal que fue trasladado a El Chalet.

En este caso, Lozada consideró objetable la aplicación de la ley 24.390 (dos por uno). “Debido a que la ley penal más benigna debe encontrar acogida cuando la sanción de una ley posterior al hecho criminal refleja una nueva valoración colectiva de las conductas penalizadas; es decir, cuando reinterpreta los hechos criminales cometidos y los valora como menos graves o infamantes”, indicó.

“¿Es cierto que, en un período de tiempo posterior a los crímenes cometidos por Muiña, la sociedad los estima como acontecimientos menos graves y menos atentatorios contra la condición humana? La respuesta es negativa. La sociedad argentina repudia hoy los crímenes masivos ejecutados por el terrorismo estatal, tanto como al momento en que fueran ejecutados”, reflexionó Lozada.

Entendió también que “pretender igualar a los delitos ordinarios con los crímenes de lesa humanidad constituye otro punto cuestionable en el voto de la mayoría. Entre unos y otros existen diferencias estructurales, prueba de lo cual estos últimos son imprescriptibles, no son susceptibles de amnistía, ni indulto o conmutación de pena. Todo ello a fin de evitar la impunidad y lograr una reparación efectiva a las víctimas”.

El intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, consideró como “inadmisible el 2 x1 en casos de delitos de lesa humanidad”. Y la referente local de la Apdh, Mara Bou, parafraseó a la titular de Madres de Plaza de Mayo al considerar que “perdonar a los asesinos es una manera de perdonarse ellos”. Vinculó el fallo del máximo tribunal a una negociación con el gobierno nacional por la permanencia de la jueza Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia, a pesar de haber cumplido los 75 años que la Constitución marca para la jubilación.

Opinó que no existen cuestiones técnicas o jurídicas que no puedan ser afectadas por la política, y afirmó que los integrantes del gobierno “tuvieron complicidad con la dictadura”. Bou se refirió a la condonación de deudas durante la década del 80 y, más cerca en el tiempo, a los blanqueos de capitales.

“Es desaparecer nuevamente a nuestros desaparecidos”, confió al referirse a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Además anunció que el próximo jueves varias organizaciones sociales marcharán para manifestar su rechazo a la posición adoptada por la Corte Suprema.