Otro revés judicial para dirigentes del Soyem imputados por los disturbios de una sesión

Otro revés judicial para dirigentes del Soyem imputados por los disturbios de una sesión

Marcelo Martínez

El juez Gregor Joos rechazó esta tarde los planteos de la defensa de los 9 trabajadores municipales imputados por los delitos de atentado y perturbación de una sesión del Concejo Municipal y confirmó la resolución del juez de garantías Bernardo Campana, que había desestimado conceder el beneficio de la suspensión de juicio a prueba a los acusados.

La defensa había presentado una impugnación para tratar de revocar la decisión que Campana adoptó a finales de febrero pasado y que se les conceda la suspensión de juicio a prueba.

Entre los imputados está el secretario general del sindicato de los trabajadores municipales, Juan Fuentes, el secretario gremial, Adrián Arroyo, y otros integrantes de la conducción del gremio como Facundo Nazareno González y Lucas Richards. Además, están imputados José Manuel Pincheyra, Juan Evangelista Hermosilla Barrientos, Cristian Ariel Catriman, Víctor Hugo Oyarzo y Sandra Noemí Villanueva. Todos están asistidos por el abogado Gustavo Morlachi.

Joos tuvo en cuenta para resolver, sobre todo, la postura del fiscal Guillermo Lista que ratificó los argumentos en contra de otorgar la suspensión de juicio a prueba a los imputados. Recordó que los delitos que se le atribuyen tienen una pena prevista de hasta 2 años de prisión.

Joos encabezó la audiencia y revocó además la resolución de Campana, que había hecho lugar al planteo de prescripción de la causa por parte de la defensa de Catriman.

El fiscal y la querella impugnaron esa decisión y Joos les dio esta tarde la razón. Para el juez, la acción penal no está prescripta porque el primer llamado a indagatoria de Catriman es de 21 de mayo de 2016.

Lista alegó en la audiencia que su postura “no es producto de una decisión arbitraria”.

Dijo que concederle la suspensión de juicio a prueba sería un “antecedente contrario a la lógica”. Sostuvo que es necesario que “un caso de esta magnitud sea ventilado en un juicio oral y público, donde los imputados tengan garantizado el derecho de defensa”.

Una sesión convulsionada

“Es un hecho grave porque ocurrió en un recinto deliberativo”, recordó Lista. Los hechos que se le atribuyen a los imputados ocurrieron el 11 de diciembre de 2011 en el Concejo Municipal, cuando se sancionó la ordenanza que declaró al municipio en emergencia económica.

La sesión se desarrolló en medio de graves disturbios donde hubo agresiones a los concejales del oficialismo que votaron a favor de la emergencia. El Soyem se había pronunciado en contra de la ordenanza y se había movilizado hasta el Concejo, con decenas de trabajadores, para impedir la sanción de la ordenanza.

“Hubo buena fe y se le permitió el acceso a toda esta gente al recinto para seguir la sesión”, indicó Lista. “Pero esto fue mal interpretado y se llevó todo a un escenario de violencia, que no se puede tolerar”, advirtió el fiscal. Algunos imputados escuchaban atentos al fiscal, otros miraban el piso.

Lista consideró que otorgar el beneficio de la probation es para conflictos menos graves. “Este tipo de casos no es para una probation. Debe ser ventilado en un juicio con todas las garantías”, sostuvo el fiscal. “Lo cierto es que estas personas no han mostrado ningún gesto de arrepentimiento”, remató Lista. La afirmación causó malestar entre algunos imputados.

La concejala oficialista Cristina Painefil seguía con atención el relato del fiscal. Painefil es querellante en la causa y estaba acompañada por su abogada Mercedes Lasmartres, que adhirió a la postura de Lista.

“No fue casual”

La abogada por la querella cuestionó la falta de arrepentimiento de los imputados. Dijo que en esta causa está implicado “el interés público”. “No fue un hecho casual, tenía una estrategia”, afirmó.

Y deslizó que era “alterar el orden constitucional para torcerle el brazo a los concejales para que no hagan un acto propio de sus funciones”, advirtió Lasmartres. Para la abogada, los imputados desplegaron una acción “violenta y organizada” contra los concejales.

El defensor de los acusados recordó que los imputados están hace dos años sumariados por el municipio. Señaló que “pende sobre ellos la posibilidad de perder su trabajo”.

Uno de los imputados cuestionó que en ningún momento “tuvimos la oportunidad que nos preguntaran si sentíamos o no arrepentimiento”. “Hablaron por nosotros y no nos dejaron expresar”.

Antes de resolver Joos dispuso un cuarto intermedio y convocó a los abogados y al fiscal a su despacho. Los imputados esperaron en la sala. Cuando se reanudó la audiencia, Joos notificó que rechazaba los planteos de la defensa.