Blanqueo con la campaña de Cristina

Para el juez Oyarbide, la campaña presidencial que llevó a Cristina Fernández al poder fue usada por quienes operaron en el negocio de los remedios vencidos o adulterados para blanquear dinero sucio. La pieza clave que le permitió rearmar el rompecabezas es el empresario farmaceútico Gabriel Brito, procesado en la causa como integrante de una asociación ilícita y como partícipe en el delito de lavado de dinero. En su indagatoria, Brito no se guardó nada. Reveló al juez que le presto cuatro cheques de su empresa Global Pharmacy a Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier por 310.000 pesos. Esos fondos terminaron depositados en la colecta de la campaña que realizó el operador K y ex Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli. Brito declaró además que el dinero para cubrir esos cheques fue provisto por Lorenzo, luego hizo tres depósitos para cubrir los cheques. A partir de estas acciones, Oyarbide entendió que “se otorgaba una apariencia de licitud a fondos espurios que provenían de hechos ilícitos”. En el expediente judicial están comprobados los lazos de Capaccioli con Lorenzo –dueño de la droguería San Javier- y con Carlos Torres, directivo de la droguería Multipharma, quien actuaría como testaferro del último. En un allanamiento en la casa de Lorenzo, Oyarbide encontró los remitos que el Frente para la Victoria le dio al dueño de la droguería San Javier.


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