‘Blindaje’ en bandeja

Las vísperas del primer aniversario de la asunción del Presidente Fernando De la Rúa muestra a la clase política convencida de que se puede gastar a cuenta los fondos de un “blindaje” que, si se insiste con esa tesitura, amenaza con quedarse corto antes de nacer.

El tratamiento en particular que el Senado le dio a la ley de Presupuesto constituye la exacerbación de esa tendencia a confundir el inminente megapréstamo con un “maná caído del cielo”. Pero no es el único caso.

La estrategia publicitaria oficial de querer transformar la necesidad en virtud intenta convencer a la ciudadanía de las ventajas de un “blindaje” que lo único que revela es la imposibilidad del Estado argentino de financiarse en el mercado de capitales, en el que la incertidumbre sobre el futuro -léase riesgo país- eleva la tasa de interés a niveles impagables.

Pero no solo el mercado de capitales plantea dudas, y ahí está el propio blindaje para demostrarlo. Más allá de las diplomáticas declaraciones de apoyo, la lista de países que se anotó en el préstamo se redujo a España. En cuanto a los organismos multilaterales, lo del Fondo Monetario es un adelanto del stand by ya acordado más un fondo suplementario, mientras que los bancos locales y las AFJP se comprometen a prestar lo habitual en los últimos años.

Al compás de la desesperación por dar “señales” al mercado, se firmó un acuerdo con las provincias por el que se les concede en cinco años unos 4.000 millones de pesos adicionales… ¡Y se lo presenta como un congelamiento de gastos! Acto seguido se modificó el presupuesto 2001 y se amplió el déficit de 4.800 a 7.000 millones de pesos.

Pero las modificaciones introducidas al Presupuesto en el Senado amplía aún más la gastomanía.

En pocas horas, se revisaron las correcciones que Diputados hiciera en el Fondo Especial del Tabaco y la exención impositiva a la venta de combustibles en la Patagonia, a los que la Cámara Baja ya había cambiado respecto del proyecto del Ejecutivo. También se dispuso el pago de 2 pesos por voto a cada partido político, lo que implica un gasto adicional de unos 35 millones. Huelga aclarar que este último no es precisamente un gasto social.

(DyN, Marcelo Bátiz)