Bolivia: protesta, rumor de golpe y planteo militar

LA PAZ (AFP/DPA/Télam) – Las movilizaciones se multiplicaban ayer en Bolivia en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos, la renuncia del gobierno de mesa y en contra de los reclamos de autonomía de los departamentos (provincias) más prósperos del sur del país, mientras los militares lanzaron una advertencia para que «se respete la Constitución».

El líder campesino y diputado socialista Evo Morales afirmó ayer que «desde Santa Cruz se está gestando en Bolivia un golpe» y dio un plazo de cuatro días al Congreso para que convoque a una Asamblea Constituyente, bajo amenaza de medidas radicales de parte de los sectores sociales. En tanto, el radical titular de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, propuso la expulsión del presidente Carlos Mesa y el cierre del Congreso boliviano ante su negativa de estatizar los hidrocarburos.

Miles de personas manifestaron, en medio de incidentes, en el centro de La Paz por la recuperación del negocio del gas en favor del Estado y la unidad del país, en réplica a las demandas de autonomía regional proclamadas por los departamentos de Santa Cruz y Tarija, poseedor de ingentes riquezas gasíferas. En la protesta se unieron sindicatos, mineros, vendedores callejeros y sectores cívicos, que protagonizaron escaramuzas con la policía cerca de la Plaza de Armas, mientras que desde el sur llegaba una marcha liderada por Morales.

En medio de un ambiente caldeado, Solares pronunció un encendido discurso ante miles de campesinos, cocaleros, maestros, mineros y comerciantes. «Hemos marchado miles de veces, ¿cuándo nos hicieron caso?. Esos parlamentarios corruptos nunca nos hicieron caso», dijo. En consonancia con Morales, So

lares ratificó un plazo de cuatro días para que los parlamentarios modifiquen la ley del gas y convoquen a una Asamblea Constituyente.

La conflictiva situación política se ahondó con la denuncia del ministro de Gobierno (Interior), Saúl Lara, de la existencia de intentos golpistas de sectores radicalizados contra el acosado presidente Carlos Mesa. «Sí, es evidente (que hay intentos), así nos reportan nuestros organismos de inteligencia», insistió Lara, que rehusó identificar a los conspiradores. Algunos sindicatos acusaron al presidente socialdemócrata del Congreso, Hormando Vaca Diez de los supuestos deseos golpistas.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, contraalmirante Luis Aranda, negó que la institución castrense aliente la ruptura del proceso democrático, recuperado en 1982 luego de casi dos décadas de regímenes militares. «En el vocabulario de las Fuerzas Armadas no existe la palabra golpe», subrayó.

Los militares advirtieron mediante un comunicado que no admitirán ninguna decisión que vulnere la Constitución y llamaron a los sectores regionales y sociales a que «conduzcan sus justas demandas por la vía del diálogo y la concertación». «Cualquier decisión que vulnere estos principios (de diálogo y concertación), por muy legítimo que pudiera ser, no será aceptada por la Institución», señaló un comunicado. Del mismo modo «el impedir con medidas de facto el proceso constitucional de las demandas planteadas, será también observada», apuntó.

La zozobra en el país se agudizó desde el sábado pasado cuando la Asamblea Provisional Preautonomista (APA) de Santa Cruz a un referendo para la autonomía política y administrativa para el 12 de agosto. Un día más tarde, un Comité Cívico Pro Intereses del departamento de Tarija (sur) se sumó a Santa Cruz y anunció su decisión de celebrar también un referendo autonómico vinculante el 12 de agosto.

El enojo de los prósperos

Santa Cruz y Tarija anunciaron durante el fin de semana referendos sobre autonomías, propuestas que son resistidas por varios sectores que consideran que esto puede acabar con la unidad del país.

Santa Cruz, la región más poblada y rica, y Tarija, en cuya jurisdicción se emplaza la ingente riqueza gasífera, exigen una autonomía política que consiste, básicamente, en la elección directa de prefectos, autoridad que luego tendrá el rango de gobernador, como en un régimen federal. El sistema político imperante en Bolivia es unitario y presidencialista.

Pero es en el orden económico donde se verían los cambios más sustanciales.

Santa Cruz, Tarija y quizás también las provincias amazónicas de Pando y Beni, proponen un modelo para administrar el 56% de los recursos que genera, alrededor del 30% del PBI de Bolivia, de unos 8.000 millones de dólares anuales. Sus dirigentes proponen una reforma al sistema de distribución departamental, es decir 10% de la producción de las regiones más ricas en beneficio de las más deprimidas y un 33% para la administración de aquellas competencias nacionales.

Sin embargo el punto que ha originado conflicto con otras regiones andinas del país, tiene que ver con la administración de la riqueza natural en sus territorios. Los proautonomistas pretenden facultades irrestrictas sobre las riquezas del suelo y poder disponer de ellas sin consulta al gobierno central de La Paz. El socialista Evo Morales acusa a «una oligarquía (de Santa Cruz) de querer mantener sus privilegios» en el reparto de tierras y de promover, «con el tiempo», la desmembración del país.