Brasil investigará gigantesca red de prostitución infantil

BRASILIA (AFP).- Unas 250 personas -entre ellas políticos, jueces, religiosos y empresarios- podrían ser investigadas por las autoridades a petición del Congreso brasileño por sus vínculos con la explotación sexual de menores, según un informe aprobado por la Cámara de Diputados el jueves por la noche.

Entre los denunciados se encuentra un vicegobernador de uno de los 27 estados brasileños, un diputado federal, un alcalde de una capital estadual, jueces, al igual que varios alcaldes y concejales municipales.

La diputada del Partido de los Trabajadores (PT-gubernamental) María del Rosario Nunes denunció durante la presentación del informe presiones para que varios de los denunciados no fueran incluidos en el documento. «No cederé a las presiones», advirtió.

El informe, elaborado por una comisión parlamentaria mixta que realizó la investigación durante más de un año, relata en sus 669 páginas innumerables casos de explotación y abuso sexual de menores de edad. La diputada definió el documento como un «relato amplio que analiza el fenómeno de la explotación sexual y las políticas públicas existentes, mapea las rutas (de las redes de explotación sexual de menores) en el país, señala a los involucrados en esos casos y sugiere modificaciones al Código Penal brasileño para hacer más severas las penas por ese delito».

En el documento se revela la existencia de 241 rutas terrestres, marítimas y aéreas «para llevar mujeres, jovenes y niños brasileños al exterior», señala el texto. Se identificaron 131 rutas internacionales desde Brasil, 78 internas (entre estados) y 32 rutas intermunicipales (dentro de los estados). En el año largo que tomó la investigación, la comisión recibió más de 850 denuncias de explotación y abuso sexual de menores, en tanto que escuchó el testimonio de 285 personas y realizó el trabajo de campo en 21 de los 27 estados del país.

El resultado de la investigación será enviado a los diferentes organismos de control público, tanto estaduales como federales, para que inicien las investigaciones legales contra los denunciados, en tanto que las recomendaciones de modificaciones de normas serán tramitadas en el Congreso con carácter de urgencia.