Bush allá, Bergoglio acá

En Estados Unidos existen dos posiciones extremas sobre el aborto: «Pro life» y «Pro choice», pro-vida y pro-elección. Es un debate de más de medio siglo pero que no cesa. En 1973, la Corte Suprema produjo un fallo histórico en el caso «Roe v. Wade» en el que declaró constitucional el aborto. La opinión mayoritaria sostuvo: «No necesitamos resolver la difícil cuestión de cuándo comienza la vida. Cuando aquellos entrenados en la disciplina de la medicina, la filosofía y la teología no son capaces de llegar a un acuerdo, la Corte no está en una posición tal como para especular acerca de su respuesta». Basó su posición en uno de los derechos fundamentales de las personas, el «derecho a la privacidad», el cual fue considerado lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer a continuar o no su embarazo. Sin embargo, la Corte no pudo negar el interés legítimo que poseía el Estado en proteger la salud de la madre y la vida del feto a partir del «punto de viabilidad», es decir, el momento a partir del cual éste podría sobrevivir fuera del seno materno (que en general se estima en 24 semanas). Buscó entonces una solución con el fin de satisfacer los tres derechos involucrados: el de la madre a la privacidad, la salud de la madre y la vida del feto. Por una mayoría de siete a dos, decidió que en los tres primeros meses posteriores a la concepción los estados (provincias, diríamos nosotros) no pueden poner límites a la decisión de abortar. Esto reconoce el derecho de la mujer a la privacidad. Durante el segundo trimestre, los estados pueden especificar las condiciones bajo las cuales el aborto puede ser realizado, a fin de salvaguardar la salud de la madre. En los tres meses finales, los estados pueden, si así lo eligen, limitar y hasta incluso proscribir el aborto a fin de proteger al feto.

Pero las controversias no han cesado. El fallo «Roe v. Wade» no es aceptado universalmente en el país desde que la Corte autorizó a que las legislaturas estaduales hicieran modificaciones de procedimiento y el gobierno de Bush exteriorizó ya desde el 2001 su propósito de enmienda «pro-vida». Luego, con la reconfiguración de la Corte Suprema mediante dos nuevos jueces designados por él, las cosas tomaron un giro. Lo denuncia Ronald Dworkin, el pensador moral del Derecho (conocido aquí también por sus conferencias en la Sociedad Argentina de Filosofía) en una nota cuyo título traducido es «La Corte y el aborto. Peor de lo que usted imagina» y que resumimos en la cita al pie. (1)

Una acotación general dentro de estas «abortion wars» (guerras del aborto) de los americanos podría ser que el acceso a, más que la legalidad de esa operación, es el asunto más importante de la controversia. Los conservadores incorporaron el problema a su ideología de «Familia, propiedad y gobierno limitado», en tanto muchos estados oponen principalmente dificultades al financiamiento del servicio en hospitales. Estas dificultades inciden sobre todo en perjuicio de mujeres jóvenes, pobres, negras e hispanas.

 

En nuestro país

 

La influencia del catolicismo en la sociedad argentina ha operado en el sentido de la prevalencia de ideas de esencia conservadora o religiosa, algo que convierte muchos problemas en tabúes. Actualmente la polémica entre concepciones opuestas es tema frecuente de cartas de lectores en los diarios. «Respetar la vida» es el reclamo de fondo frente a una política de tipo social por ejemplo, de prevención de embarazos, de control sanitario y de asistencia hospitalaria amplia que se manifiesta desde el Ministerio de Salud. A pesar de todo, actualmente en la Cámara de Diputados avanza «casi a hurtadillas», según la crónica un proyecto de ley que reglamenta el procedimiento de abortos no punibles previstos en el artículo 85 del Código Penal y lo extiende a casos no considerados en él. El código despenaliza los casos de aborto cuando hubo violación de la mujer, pero sólo cuando se trata de mujeres idiotas o dementes que hayan quedado encintas a consecuencia del hecho. El proyecto avanza sobre esto: incluye todos los casos de embarazo como producto de violación, aunque con el requisito de una justificación muy estricta con razones médicas en cuanto a la vida y la salud psíquica de la afectada. Según él, los abortos autorizados deberán realizarse sin cargo en los establecimientos de salud pública y privados y cubiertos por obras sociales.

El proyecto despertó opiniones en el Congreso que van desde la de Hugo Acuña, del MPN, que dice que «el proyecto es casi como legalizar el aborto» y que «éste es siempre un delito y de los más graves», y la de Juan Kunz, de la UCR, que es favorable porque «es una herramienta que procurará evitar una serie de trastornos». En la prensa, representantes de la Iglesia criticaron con dureza la iniciativa sosteniendo que es un avance hacia la despenalización total. «Es una jugada encubierta», manifestó el director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica. Añadió que significa traicionar el espíritu del «Nunca más» para que un grupo de seres humanos no pudiera terminar con la vida de los otros.

La opinión más crítica es la que se publica del arzobispo Jorge Bergoglio, quien comparó el aborto con el parricidio y lo situó en una línea de «terrorismo demográfico». Dijo que hay miles de madres que matan a sus hijos y dejó una advertencia: «Descuiden, que dentro de unos años van a aprobar la libertad de los hijos a matar a sus padres» («La Nación», 1/7). El cardenal, como los de las anteriores opiniones parecidas, vino así a expresar una visión que une ideológicamente a quienes las sustentan al mismo temor que manifiestan en el país de Bush los que comparten sus preocupaciones «pro-vida»: el miedo-convicción que allá llaman «slippery slope» y que en castellano traducimos por «pendiente resbaladiza». Es el temor a que, si se acepta una decisión pragmática en asuntos que atañen íntimamente a la vida humana, las cosas se agravarán ampliándose sin parar. Si permitimos el aborto, pronto vamos a permitir el infanticidio; si permitimos la investigación sobre las células germinales crearemos un mundo de seres humanos diseñados por el gobierno.

El tipo de razonamiento que sintetiza el concepto de «pendiente resbaladiza» ha sido refutado por pensadores de la talla del filósofo Bernard Williams (refiriéndose en particular a la eutanasia), el psicólogo Steven Pinker y el científico Raymond Tallis. No podemos aquí dado lo complejo que sería explicitarla más que señalar esa conclusión de personalidades que contradice las opiniones corrientes en medios religiosos frente a un tema como el de esta nota.

 

 

(1) La nota, en la edición del 31 de mayo de 2007 de la «New York Review», advierte que desde la jubilación de Sandra Day O'Connor cuyo voto en la Corte Suprema determinó históricamente el cinco a cuatro en decisiones sobre el aborto, la raza, la acción afirmativa y el control de los gastos electorales el panorama judicial aparece más que preocupante. Los dos nuevos jueces son conservadores. Concluye sosteniendo que todas aquellas decisiones progresistas son ahora vulnerables a reconsideración y reescritura en los próximos años. «La designación por Bush de John Roberts y Samuel Alito podría demostrarse entre los peores de los muchos desastres de esta miserable administración».

 

 

HECTOR CIAPUSCIO

(*) Doctor en Filosofía

Especial para «Río Negro»