CALF pide que apuren la concesión directa

NEUQUEN (AN).- El presidente de CALF Marcos Silva volvió a reclamar ayer a los concejales la concesión directa del servicio eléctrico pero esta vez cambió de estrategia. Ya no les exigió una actualización tarifaria paralela, como venía haciendo, sino directamente les delegó la búsqueda de fuentes de financiación para encarar este año las obras necesarias -por ocho millones de pesos- para contener la demanda creciente de energía

En la política de evitar enfrentamientos para conseguir el objetivo mayor, que es la firma del contrato por 10 años, Silva tampoco insistió con derogar la vapuleada ordenanza que opera como marco regulatorio y reglamento de suministro.

El nuevo esquema de financiamiento librado a la razonabilidad de los concejales abre a la discusión distintas variantes, desde el otorgamiento de subsidios y la integración de los fondos nacionales para obras y para compensación tarifaria que la provincia recibe y nunca coparticipó a CALF, hasta una modificación en la estructura tarifaria.

Aprobado el texto constitucional que lo permite, en el Concejo Deliberante hay consenso para otorgar la concesión directa del servicio a la cooperativa. Silva pidió que la ordenanza sea aprobada dentro de los 60 días, «lo necesitamos para suscribir el contrato y obtener la matrícula definitiva de distribuidor que nos permitirá bajar los costos de compra de energía y acceder a financiación bancaria», explicó.

A los concejales los sorprendió el cambio de política de la delegación calfista, pues en la nota elevada gestionando la audiencia había anticipado que iría por la derogación de la ordenanza que regula el servicio, por la aprobación de un contrato definitivo y por una suba en la tarifa que pagan los usuarios.

«El Concejo Deliberante debe proveer las herramientas para hacer frente a las obras ante el aumento de la demanda de energía que se viene con la construcción de 800 viviendas a través del programa federal, 37 edificios en construcción, el 77% de aumento de la construcción y por la resolución de las tomas por parte de la provincia», planteó Silva.

La situación económica financiera de CALF «es complicada», admitió. Dijo que los gastos corrientes arrastran un déficit de casi nueve millones de pesos producto «de la herencia de las autoridades anteriores» mientras que la estimación presupuestaria de las obras de infraestructura necesarias «superan los ocho millones de pesos».

El concejal del MPN Julio Ocampo, quien preside la comisión de Servicios Públicos, consideró que la de ayer fue «la primera vez que CALF presentó documentación seria». Dijo que su bloque no acuerda con un aumento compulsivo de la tarifa. Y miró con buenos ojos que la dirigencia de CALF «haya modificado su posición, acepte un marco regulatorio y deje de lado la pretensión de subir la tarifa».

«El tema del año será cómo definimos un nuevo contrato de concesión», consideró el radical Fabián Pelliza. «Deben estar cumplidas algunas cuestiones de la ordenanza aprobada en noviembre, como son el cumplimiento de la auditoría, el inventario de los bienes, la estructura de costos», condicionó el concejal.

Sin ánimo para un aumento tarifario

NEUQUEN (AN).- La voluntad de la oposición legislativa está muy lejos de acceder a una readecuación tarifaria, más allá de la erogación presupuestaria que le supone a CALF poner en marcha el plan de obras destinado a mejorar la calidad del servicio, a aumentar la seguridad de las redes eléctricas en la vía pública y a reducir las pérdidas de electricidad.

Silva pidió que estos ingresos estén contemplados en la estructura de costos del servicio concesionado.

Su posición fue comprendida por el concejal Jorge Salaburu, de Patria Libre, pero lejos de pensar en un aumento que recaiga en el bolsillo de las familias, acaricia la posibilidad de que los medianos y grandes usuarios paguen el aporte de capitalización.

Estimó esta vía de ingresos en alrededor de cuatro millones de pesos.

Salaburu cree necesario «dar forma a una ordenanza que de cumplimiento al contrato».

En esta misma sintonía el concejal de Recrear, Marcelo Bermúdez, opinó que este servicio público «debe tener un contrato» pero se rehusó a analizar un aumento tarifario hasta tanto «la provincia no corrija la situación de los subsidios nacionales que recibe para obras eléctricas y compensación tarifaria».

Estos ingresos ascendieron, en los últimos 10 años, a unos 80 millones de pesos.

«CALF aporta tres millones y medio al fondo, y atiende no menos del 40% de los usuarios y del total de consumo de electricidad de la provincia, pero la provincia no coparticipa nada», remarcó.

A CALF le tiró la oreja porque «nunca inició acciones legales» a la provincia reclamando este derecho, y por el contrario «hace la más fácil, que es pedir mayores ingresos».