Calidad de los ingenieros agrónomos y competitividad de la producción regional

Por Marta E. Borda (*)

En la economía y sociedad del conocimiento del siglo XXI, la calidad de la formación profesional de los ingenieros agrónomos es un requisito indispensable para la mejora de la competitividad de la producción regional. La introducción de nuevas variedades, las prácticas culturales, la lucha contra la carpocapsa, la organización y gestión de la producción de los pequeños establecimientos frutícolas requieren de la asistencia técnica de profesionales idóneos. Por supuesto, la producción frutícola no agota estos requerimientos. También lo demandan la producción bovina, ovina y caprina; la horticultura, la producción de miel, de avena, de hongos, de lúpulo, en fin, la producción primaria. Los productores y la sociedad rionegrina quieren saber cuál es la calidad de la formación de los ingenieros agrónomos en la única unidad académica que los forma en los territorios de Neuquén y Río Negro, más precisamente en la localidad de Cinco Saltos.

La acreditación de la calidad de esta carrera universitaria, como otras que afectan la salud (medicina, farmacia, bioquímica), la seguridad (ingenierías) y los derechos de la propiedad (abogacía), entre otras, es una práctica corriente en los países desarrollados y en América Latina. Existe la Red Iberoamericana de Agencias Acreditadoras (RIACES) y recientemente concluyó la primera experiencia de acreditación del Mercosur, conocida como MEXA (Mecanismo Experimental de Acreditación), casualmente para un grupo de carreras de agronomía de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que se presentaron voluntariamente (ante la presentación de muchas carreras de agronomía, la Coneau se vio obligada a seleccionar sólo al grupo de carreras más antiguas para esta experiencia). Así fue cómo acreditaron las carreras dictadas por la UBA, Universidad Nacional de Tucumán y Universidad Nacional de Cuyo, acreditación que será próximamente homologada como acreditación nacional por parte de la Coneau.

La Coneau es un organismo del Estado que administra el sistema nacional de evaluación y acreditación de la calidad universitaria. Todos los postgrados están obligados a su acreditación y la Universidad Nacional del Comahue presentó sus carreras de postgrado, las que en su mayoría fueron acreditadas. Hace tres años atrás se llevó adelante la primera etapa de la acreditación de las carreras de medicina de todo el país y la que se dicta en Cipolletti logró una acreditación por tres años condicionada a la concreción de una serie de mejoras en la organización académica, su biblioteca e infraestructura, mientras que las carreras de medicina de las Universidades Nacionales de Tucumán y Cuyo lograron la más alta calificación al acreditar por seis años. La Coneau no es un órgano político, es un órgano del Estado comparable si se quiere a la SIGEN. Por ley está obligada a realizar la evaluación de la calidad a través de «pares» definidos como expertos en la materia técnica. En la página web de la Coneau (wwww.Coneau.gov.ar) pueden consultarse los procedimientos y la jerarquía de los miembros de la Comisión Asesora de Agronomía, que en la práctica es quien conduce el proceso nacional de acreditación al proponer los expertos encargados de la evaluación externa. Los Comités de Pares entonces están integrados por los mejores agrónomos del país e incluyen también expertos del exterior.

Pero la acreditación de la calidad no sólo tiene por fin proteger a la sociedad en un sistema universitario con la más amplia autonomía. También tiene el propósito de garantizar a los estudiantes (y sus familias) que están cursando sus estudios en unidades académicas preocupadas por la mejora de la calidad. Un análisis de las resoluciones de acreditación de la Coneau, que son públicas y pueden consultarse en la web, muestra que nuestro sistema universitario tiene mucho por progresar: ausencia de contenidos esenciales en los planes de estudio, insuficiente formación práctica, deficientes laboratorios y bibliotecas, baja dedicación docente y pocas actividades de investigación, alargamiento innecesario de los estudios de grado derivado de una organización académica que tiende a una duración efectiva de los estudios muy superior a la duración teórica, limitados sistemas tutoriales para orientar a los alumnos, ausencia de sistemas de seguimiento de egresados para retroalimentar el proceso de enseñanza y aprendizaje, inadecuada asignación de los recursos por ausencia de programación.

El sistema de evaluación y acreditación de la calidad ha venido para quedarse definitivamente. Todas las universidades argentinas, sean estatales o privadas, han asumido el desafío de mejorar, para lo cual es indispensable la autoevaluación y la evaluación externa, o sea una mirada desde afuera efectuada por especialistas. Se trata de una nueva relación entre el Estado y las universidades que, como señala el Dr. José Luis Cantini, miembro de la Academia Nacional de Educación, han logrado una autonomía jamás conocida en la historia universitaria argentina a partir de la reforma constitucional de 1994 y la ley de Educación Superior 24.521, normativa que, como señala Cantina, con las limitaciones propias de toda obra humana constituye un avance en la superación tanto de la concepción de la isla universitaria, como del enfoque de apéndice burocrático de un Estado hiperregulador propio del modelo universitario napoleónico que adoptamos a partir de la independencia, como bien lo ha desarrollado el ex ministro de Educación nicaragüense de la revolución sandinista y destacado estudioso de la universidad latinoamericana Carlos Tünnerman.

Llama poderosamente la atención que los sectores universitarios contrarios al proceso de acreditación tengan una supina ignorancia del funcionamiento de la universidad argentina y latinoamericana del siglo XXI, así como del mundo desarrollado. Muy probablemente desconozcan el Acuerdo de Bologna de 1999 de todas las universidades europeas (no de los gobiernos) para acelerar los procesos de acreditación de la calidad.

Como rionegrina me sumo a los sectores de la sociedad civil para exigir a la universidad autónoma que sea respetuosa de las leyes y que asuma responsablemente, sin temores, el juicio de expertos externos a la institución. Cabe advertir que las universidades estatales no son «propiedad exclusiva» de los claustros universitarios. La autonomía universitaria no es equivalente a soberanía, como ya lo han señalado constitucionalistas de la talla de Humberto Quiroga Lavié y Germán Bidart Campos y administrativistas como Miguel Marienhoff. Así como los habitantes del Comahue queremos ser asistidos por los mejores médicos formados por nuestra Universidad Nacional del Comahue, la producción regional requiere ingenieros agrónomos de alta calidad. También los estudiantes universitarios tienen la obligación de demandar una educación universitaria de excelencia, su futuro profesional en un mercado de trabajo cada vez más competitivo estará básicamente en función del nivel de formación acreditado por expertos externos a cada institución universitaria.

(*) Legisladora rionegrina por el PJ