Cambió decreto que suspendía demandas

BUENOS AIRES (DyN) – El gobierno resolvió ayer modificar el artículo del decreto 214 que suspendía por 180 días las demandas judiciales contra las restricciones fijadas en el «corralito» financiero, y dispuso que la postergación abarque de ahora en más la ejecución de sentencias.

Así lo informó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno.

«Por 180 días se determina la suspensión de la ejecución de las sentencias dictadas con fundamento en normas contra el Estado Nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todos los procesos judiciales contra dicha normativa», explicó el funcionario.

El jefe de Gabinete dijo, además, que «la suspensión de las medidas cautelares y la ejecución de sentencias dispuestas precedentemente no será de aplicación cuando mediaren razones que pusieran en riesgo la vida o la integridad física de las personas y tampoco para personas mayores a los 75 años».

La medida del gobierno es una reacción contra la catarata de fallos adversos que está sufriendo, tanto para el corralito en sí como contra el decreto anterior que suspendía todas las acciones judiciales.

Según se informó ayer, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Buenos Aires está a punto de colapsar por los recursos de amparo que han presentado miles de ciudadanos furiosos porque sus ahorros están atrapados en el «corralito» bancario.

«Esto es un caos, estamos desbordados», afirmó una empleada de la mesa de entrada del tribunal federal, situado en el Palacio de Justicia

Cientos de abogados hacen cola todas las mañanas a la espera de poder presentar allí los recursos de sus clientes en demanda de la totalidad de sus depósitos bancarios, «acorralados» desde el 3 de diciembre pasado para evitar una fuga de capitales.

Ayer funcionarios judiciales realizaron un procedimiento en la sucursal San Nicolás del Banco Nación, en cumplimiento de un fallo del juez federal José María Acosta para que se le entregue a una ahorrista los 22 mil dólares que depositó en su caja de ahorros. Así lo informaron fuentes judiciales, al señalar que esta disposición judicial le permitiría a Alejandrina Barrios saltar el «corralito» y recuperar los dólares que tenía ahorrados en el banco ubicado en la esquina de las calles Sarmiento y Belgrano, de la localidad bonaerense de San Nicolás.

En Mar del Plata, la justicia federal obligó ayer a una sucursal local del Banco de Galicia a abrir el tesoro para devolver sus ahorros en dólares a un jubilado enfermo de leucemia, a quien se le entregó el equivalente en pesos según la cotización de ayer, informó la abogada del ahorrista.

El hecho tuvo lugar en las últimas horas de la tarde de ayer en la sucursal ubicada en avenida Juan B. Justo y Corrientes, luego que el juez federal Arturo Robbio hiciera lugar al recurso de amparo.

Allanan más de 40 sedes del Banco Sudameris

BUENOS AIRES (DyN) – Más de cuarenta sucursales del Banco Sudameris de la Capital Federal y el conurbano bonaerense fueron allanadas ayer por orden del el juez de instrucción Mariano Bergés, en el marco de una causa por presunta estafa iniciada a raíz de un amparo contra el denominado «corralito».

Según revelaron fuentes del caso, el juez ordenó los allanamientos a un total de 42 sucursales con el fin de realizar un arqueo y establecer cuánto dinero existe en el banco.

La medida fue cumplimentada por personal de la Gendarmería Nacional, señalaron los voceros.

En el fuero penal

La causa se inició a partir de una denuncia hecha por un hombre de 70 años de apellido Fratini, quien presentó una acción de amparo contra el decreto que restringe el retiro de depósitos bancarios, explicaron las fuentes.

A diferencia de otras acciones similares, que se presentan ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo, el hombre lo hizo en el fuero penal.

En su denuncia, el ahorrista reclamó la devolución de unos 15 mil pesos que tenía depositados en un plazo fijo de esa entidad, y habría indicado que el banco cuenta con el dinero solicitado pero se niega a entregárselo.

Bergés se declaró incompetente para actuar en relación al amparo y remitió esa causa a la Justicia en lo Contencioso Administrativo.

Pero como de la denuncia se desprendía la posibilidad de un presunto hecho de estafa por defraudación, decidió proseguir con la causa penal y ordenó los allanamientos con el fin de cerciorarse si la entidad cuenta o no con el dinero para devolverle al ahorrista, dijeron voceros judiciales que intervienen en la causa.