Campaña frenada

Por si algo faltaba para quedar atónitos. Para enmudecer de impotencia y de espanto.

La aparición de un cuerpo que podría ser el de Otoño Uriarte, sumergido desde hace meses a escasa distancia del lugar donde vieron por última vez a la adolescente, aumentó la disconformidad con el modo en que la Policía y la Justicia condujeron esta investigación.

En caso de que el análisis de ADN confirme lo que todos temen que es ella, se hará evidente que la estrechez de miras dejó fuera todas las hipótesis, salvo aquella que indicaba que la joven se había ido voluntariamente de la región.

El tema es grave, no sólo por las implicancias que tiene en este caso al que sume en la incertidumbre y en la posibilidad cierta de impunidad, sino porque acrecienta la sensación de que no está garantizado un «minimum» de eficacia y de eficiencia en los organismos que tienen a su cargo investigar y penar delitos en Río Negro. Y, de ser así, no es sólo la familia Uriarte la afectada.

Con rápida reacción, el Poder Judicial evitó mayor costo accediendo a escuchar personalmente las críticas y quejas de los familiares de víctimas de crímenes.

Desde el Ejecutivo, el llamado a silencio fue la norma aun antes del hallazgo del cuerpo y las pocas palabras que se dijeron no aportaron nada de claridad. Sólo un intento de atribuir las responsabilidades a la Justicia, como si únicamente fueran policiales los méritos en el esclarecimiento de casos pero ninguno de los fracasos.

«Buscábamos una persona viva, no un muerto», dijo el secretario de Seguridad de la provincia, Miguel Angel Bermejo, intentando justificar por qué no se dispuso en ningún momento una inspección en la usina. Inexplicable razonamiento, si se considera que se hicieron rastrillajes en otras partes del canal.

Sólo la incomodidad de que alguien lo imagine débil mientras está en campaña electoral le ha impedido a Saiz pedirle la renuncia a su funcionario, que ha cometido una imprudencia tras otra en sus últimas manifestaciones públicas. Antes de ésta, había dicho que rastrillar en cercanías de la usina hubiera sido «suicida». No fue la oposición ni la prensa a las que suele anatemizar sino un funcionario de su mismo gobierno Horacio Collado quien lo desmintió: «No hay inconveniente, si nos lo hubieran pedido», afirmó el superintendente del DPA al manifestar que nunca se les requirió que detuvieran las turbinas de la central «El 30» ni que vaciaran por unos días el canal principal de riego. En igual situación puede hablarse del jefe y del subjefe de la Policía y del ex ministro de Gobierno, Iván Lazzeri. Esto, más allá de las fallas que puedan determinarse en la instrucción judicial.

El tiempo, ese tirano que suele marcar la suerte de una investigación penal, ha realizado una tarea demoledora en los restos humanos hallados el martes: no sólo habrá que esperar al menos diez días para saber si corresponden a Otoño Uriarte y en su caso recaratular la causa, sino que es probable que nunca permitan conocer la causa de su muerte.

Hay algo indudable: si es Otoño, se afirmaría la hipótesis de que la joven fue secuestrada la noche del 23 de octubre cuando regresaba a su casa en la zona de chacras de Fernández Oro, sea con fines de violarla, de forzarla a ejercer la prostitución o por cualquier otro motivo, que de su misma resistencia o de la violencia del ataque habría resultado muerta, y que desde horas después su cuerpo yacía en el canal.

Era, por lo tanto, un caso llamado a ser resuelto en pocos días si se hubiera realizado una búsqueda eficiente. Hallar el cuerpo aun un par de semanas después hubiera permitido determinar las causas de su muerte y, tal vez, ubicar a los responsables. Al menos, hubiera habido la opción de interrogar a los dos sospechosos marcados por un oficial de policía apartado luego de la investigación, antes de que se fueran de la región sin dejar huellas.

La gravitación política de este tema se vincula con el estilo con que Miguel Saiz ha elegido a colaboradores y allegados. Si bien es cierto que la designación de funcionarios políticos forma parte de las facultades de un gobernador, la discrecionalidad en este caso no puede llegar al punto de designar a personas sin ninguna capacidad para la materia que tendrán a su cargo. Como ejemplo, un gobernante puede, en ejercicio de sus facultades, elegir entre todos los especialistas en educación que conozca a aquel que resulte más afín a sus ideas y convertirlo en su ministro del área. Pero sería un absurdo imaginar que su poder llega al punto de poner al frente de un área a quien nada sabe sobre la cuestión.

Son varios los casos en que el «estilo Saiz» ha determinado el rumbo de áreas de gobierno, aun sin la gravedad del tema de seguridad que nos ocupa.

Educación es, sin duda, una de ellas el ejemplo no fue casual. Para ver que el área no anda bien, basta con ser alumno, padre o docente de cualquiera de los niveles y modalidades educativas de la provincia, o sólo leer el diario y ver la retahíla incesante de quejas y reclamos.

Más allá del acuerdo salarial logrado, el gremio docente Unter acaba de hacer notar su desacuerdo con medidas administrativas y pedagógicas, que atribuye al «vaciamiento» del Consejo Provincial de Educación y a la adopción unívoca por parte del Ministerio de Educación de decisiones vitales. Entre otros puntos, cuestionó el incremento de cargos políticos afirmando que «la función de los secretarios técnicos es difícil de conocer, ya que la única visible es concurrir a los actos partidarios del gobierno». Esta subordinación del Estado al partido es una constante.

Además, la baja calidad institucional de algunos funcionarios designados por Saiz como en todo, hay excepciones tiene su agravante en el notable incremento de la planta de funcionarios políticos, que aumentó en un 85% en los últimos cuatro años.

Precisamente la carga impositiva que pesa sobre los contribuyentes ha sido derivada en cierta medida no sólo a solventar más cargos políticos en el Ejecutivo, sino también a costear un incremento notable en la Legislatura, donde la planta de empleados creció en los últimos años en un 31%. ¿Puede justificar el gobierno de Saiz por qué necesitó 160 funcionarios más y 203 cargos legislativos más que su antecesor, Pablo Verani? ¿Hubo en la calidad de su gestión alguna diferencia que lo fundamentara? ¿Hubo que trabajar en más y mejores leyes? Nada de esto. Sólo que creció la idea de que el Estado es una «bolsa de empleo» para solventar con dineros públicos las alianzas políticas del gobernador, sobre todo en un año electoral. Eso, sin contar el incremento de otras categorías no contabilizadas en el rubro «personal», como los becados, los planes temporarios y los contratos de medios.

Afortunadamente, la tendencia generalizada en el funcionamiento del sistema republicano es la paulatina eliminación de los secretos públicos y la apertura hacia el control indirecto de la administración por parte de los administrados.

Ejemplo de ello es el enérgico pronunciamiento de una asamblea de estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Nacional del Comahue, en el que cuestionaron el tratamiento que el canal de televisión y la radio del Estado dieron al «caso Otoño». Exigieron al gobierno la normalización de Radio Televisión Río Negro Sociedad del Estado permitiendo la participación de las organizaciones sociales, la revisión de la calidad periodística de los medios oficiales y la transparencia en el otorgamiento de la publicidad oficial, para que no resulte una herramienta de presión y condicionamiento a los contenidos de la información y la opinión que recibe la ciudadanía.

Es probable que no sepamos qué sucedió aquella noche del 23 de octubre, y si es ella de quién fue la mano que tiró al canal principal el cuerpo de Otoño. Pero el dolor no debe impedir la activa participación en el mejoramiento de las instituciones públicas. De algún modo, todo tiene que ver con la política.

 

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar